Corrupción
Hallan sobrecostos en el programa Hambre cero. Esta es la decisión que toma la Contraloría
Inician procesos de responsabilidad fiscal contra la UNGRD.
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Mientras se intenta tramitar una ley de financiamiento, debido a los aprietos financieros que tiene el Estado por falta de recursos, en otro escenario la Contraloría General halló un millonario sobrecosto en el programa Hambre cero, una de las banderas del gobierno dentro del paquete social.
Según el organismo de control, tras las revisiones del caso, decidió abrir dos procesos de responsabilidad fiscal en relación con los recursos ejecutados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, en la Guajira y Arauca.
Los sobrecostos hallados ascienden a 2.000 millones de pesos y tiene que ver con las ollas comunitarias.
La Contraloría expresa que “se detectaron inconsistencias en la información de los beneficiarios del programa y falta de soportes sobre pagos a contratistas”.
Las investigaciones fueron adelantadas por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría, que se concentra en el ataque a la Corrupción.
Los directamente implicados son funcionarios que lideraron la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, presuntos responsables de las irregularidades y posibles daños al patrimonio público en contratos del programa gubernamental conocido como Hambre cero.
El hallazgo se relaciona con los recursos ejecutados durante 2023 en los departamentos de La Guajira y Arauca, justo, dos de los que tienen población con más necesidades que suplir y pocas oportunidades de desarrollo.
No hay derecho
Dentro de las revisiones hechas por la Contraloría, la lupa estuvo sobre los soportes existentes. Es decir, analizaron facturas, bases de datos de beneficiarios y similares.
Según afirmó el ente de control, hay carencia de mucha información. “Ante la falta de soportes, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió responsabilidad fiscal en La Guajira, donde había un contrato para suministrar alimentación a 700 personas en los municipios de Hatonuevo y Manaure, durante 90 días, con una inversión de 5.240 millones de pesos”.
Según estableció la entidad que vigila el buen uso de los recursos públicos, lograron determinar que había sobrecostos por 1.001 millones de pesos en la contratación de raciones alimentarias para comunidades wayuu.
De acuerdo con la Contraloría general, los contratos cuestionados presentaron irregularidades como falta de inscripción en el RUES, ausencia de experiencia contractual, uso de códigos RUT del sector educativo y falta de soporte técnico.
En el caso del departamento de Arauca, la Contraloría estableció que había un contrato cuyo propósito era suministrar alimentación a 6.200 beneficiarios, durante 90 días en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauca zona rural y Urbana.
La inversión prevista fue de 9.200 millones de pesos, mientras que se registra un sobrecosto de 1.064 millones de pesos, lo que dio lugar a la apertura de responsabilidad fiscal.
