Las diferencias entre el Ejecutivo y el banco central no son nuevas ni exclusivas de Colombia. Son casi la norma entre los gobiernos que buscan que la política monetaria impulse la economía y los expertos que quieren frenar la inflación o un posible recalentamiento. No obstante, la relación del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Hacienda, Germán Ávila, con la junta directiva del Banco de la República no solo rompió los protocolos, sino que incluso alcanzó a poner en peligro la independencia de la entidad.
En medio de amenazas, insultos y chantajes, Petro y Ávila criticaron la decisión de los miembros de la junta de no bajar las tasas de interés y de, por el contrario, seguirlas subiendo. El ministro se levantó de la junta, en donde es un jugador protagónico en un cuerpo de siete expertos que debe tomar decisiones colegiadas y, por ende, se llegó a temer que el Emisor quedara bloqueado en su actuar si Ávila no volvía a las reuniones, tal como lo había anunciado.
Los analistas coinciden en que, con este episodio, Colombia recibió una lección clave: la autonomía del banco central no es solo un asunto institucional, sino uno de los principales activos de estabilidad macroeconómica del país, al tiempo que se abrió una discusión de fondo sobre los límites que no deberían cruzarse en una democracia.
Para Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, el episodio “terminó bien”, a pesar de que los riesgos fueron significativos. En su opinión, la pausa que hizo el banco en abril en el ciclo de incremento de tasas de interés generó un amplio debate, pero también ayudó a blindar a la institución del ambiente electoral. “El banco central podía haber terminado en la mitad del debate electoral y eso definitivamente no hubiera sido bueno”, señaló.
Pérez reconoce que hubo costos reputacionales y cuestionamientos, pero considera que el resultado fue favorable, especialmente en un contexto político complejo. A su juicio, la institucionalidad salió fortalecida, aunque con una tarea pendiente: mejorar su comunicación con la ciudadanía. Según explicó, buena parte de la población no entiende con claridad qué hace el banco central, por qué toma sus decisiones y cuál es el costo de perder su autonomía.
Esa preocupación es compartida por otros economistas. José Ignacio López, presidente de Anif, considera que uno de los mayores aprendizajes que dejó este incidente radicó en la aclaración de que la junta del Banco de la República no puede quedar paralizada por la ausencia del ministro de Hacienda. Agrega que, aunque en Colombia el ministro tiene voz y voto en la junta, lo que es relativamente atípico frente a otros países, no es momento de abrir una reforma constitucional para cambiar esa situación, sino de perfeccionar las reglas existentes.
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen, coincide en que el diseño institucional colombiano ha funcionado razonablemente bien durante más de tres décadas. La presencia del ministro, afirma, facilita la coordinación entre la política fiscal y la monetaria, algo especialmente relevante en momentos de incertidumbre. Sin embargo, el punto central es que las decisiones sigan siendo colegiadas y que la mayoría de la junta conserve plena independencia técnica.
El costo de perder esa credibilidad sería alto. Los expertos consultados coinciden en que una señal de interferencia política en el Banco de la República podría golpear la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, aumentar las primas de riesgo, encarecer el financiamiento del Gobierno, de las empresas y de los hogares, presionar la tasa de cambio, elevar las expectativas de inflación y, con ellas, afectar el poder adquisitivo de los colombianos.
Aunque el país todavía está lejos de ese escenario, los analistas advierten que la institucionalidad estuvo bajo estrés y debe protegerse.