El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, con epicentro en Chocó, reabrió el debate sobre la actualización de la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), el reglamento técnico vigente desde 2010 que establece los requisitos mínimos para que las edificaciones resistan movimientos telúricos.
Cerca del 83 % de la población colombiana vive en zonas de amenaza sísmica alta o intermedia, por lo que la normativa es clave para reducir los riesgos asociados a estos fenómenos.
Aunque las edificaciones construidas bajo sus disposiciones tuvieron, en su mayoría, un comportamiento satisfactorio durante el sismo de agosto, expertos señalan que el reglamento no incorpora los avances de los últimos 16 años en conocimiento geológico e ingeniería sísmica.
La discusión sobre una reforma ya estaba en marcha antes del terremoto, con una propuesta elaborada por la comunidad de ingeniería sísmica que aún no se ha convertido en decreto.
La experiencia internacional también muestra la importancia de revisar estos estándares. Chile introdujo ajustes a su normativa después del terremoto de Maule de 2010, mientras que México revisó criterios de cálculo para estructuras de concreto tras el sismo de 2017.
El reto de los sistemas prefabricados
Otro punto de discusión es el uso de sistemas constructivos industrializados en la reconstrucción. Según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo de agosto afectó más de 90 puentes vehiculares, más de una decena de puentes peatonales y cientos de vías en 16 departamentos.
La construcción con elementos prefabricados, elaborados en plantas bajo condiciones controladas, puede facilitar la trazabilidad de los procesos y ofrecer mayor previsibilidad en la ejecución. Sin embargo, estos sistemas no cuentan con un capítulo propio dentro de la NSR-10.
Actualmente, las empresas deben sustentar individualmente sus sistemas ante la Comisión Asesora Permanente (CAP), mediante un régimen de excepción. De acuerdo con el listado oficial publicado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, solo diez empresas han obtenido esta autorización.
Claudio Rojas, gerente general de Preansa Colombia, concluyó que “cuando tramitamos nuestro régimen de excepción ante la Comisión Asesora Permanente (CAP), tuvimos que demostrar, sistema por sistema, que nuestros pórticos prefabricados cumplen los mismos parámetros sismorresistentes que exige la construcción tradicional.
Es un proceso técnico serio, pero hoy depende de que cada empresa lo haga por su cuenta. En un momento en que el país va a necesitar más construcción industrializada para la reconstrucción, tiene sentido que esa exigencia haga parte de la norma general, y no de un trámite caso por caso”.