Si las cosas siguen como van, lo más probable es que pronto exista una concertación sobre el salario mínimo que deje el aumento en el 23,7 % que decretó el Gobierno el año pasado. Este no solo es el deseo del primer mandatario, sino que también ha sido un pedido del sector empresarial que asegura que lo mejor es mantener la realidad jurídica existente, mientras el Consejo de Estado define de fondo el tema.
Como se sabe, el viernes pasado, el Consejo de Estado suspendió el decreto que aumentaba el mínimo y ordenó al Gobierno generar uno nuevo en un plazo de siete días calendario. Para eso, el primer mandatario llamó a una mesa de concertación con el empresariado que se reunió por primera vez este lunes a las 10 de la mañana.
A la salida de la cita, todo parecía claro: el mínimo, como dijo el presidente en su alocución del domingo, “se mantiene”.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, explicó las razones de alinearse con esa tesis en un trino que publicó en la mañana de este martes. “En reunión Comisión de Concertación, reiteramos lo dicho durante los últimos días, en el entendido de que el Consejo de Estado ordenó al Gobierno justificar técnicamente la decisión de incremento de salario mínimo, y que por lo tanto la decisión de cómo responder será exclusivamente del Gobierno”, aseguró.
En reunión Comisión de Concertación reiteramos lo dicho durante los últimos días, en el entendido de que el Consejo de Estado ordenó al gobierno justificar técnicamente la decisión de incremento de salario mínimo, y que por lo tanto la decisión de cómo responder será…
— Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) February 17, 2026
Mac Master agregó que quiere ratificar que la posición del gremio es “tener en cuenta la realidad del día de hoy respecto de los trabajadores y pensionados al momento de que el Gobierno tome una decisión. Sin embargo, reiteramos nuestra preocupación sobre los efectos que sin duda la decisión tiene sobre inflación, empleo, informalidad, competitividad, viabilidad de empresas, especialmente las pymes, y los efectos negativos sobre los más de 11 millones de personas con ingresos inferiores al salario mínimo”.
Agregó: “Los salarios incrementados a 2,4 millones de empleados y los ingresos de más de 1,3 millones de pensionados constituyen una realidad jurídica consolidada que no se puede ignorar. E impone una realidad incontrovertible, que obliga a asumir esta realidad y a concentrar esfuerzos en apoyar a las pymes que tienen riesgo de supervivencia, en mitigar la inflación y en proteger el empleo”.
En su alocución del domingo, había quedado claro que el Gobierno no le apostaría a bajarle al mínimo ni una décima. “El salario vital se mantiene, y el nuevo decreto va a mantener un salario vital, solo con los nuevos estudios que se tienen que allegar al magistrado Morales, como lo pide él, solo que con las realidades económicas que desde el día que yo firmé sustentan que no nos equivocamos, pero que puede modificarse el salario vital decretado de acuerdo a las nuevas realidades económicas”, había dicho inicialmente el mandatario.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró también que “el salario vital es un derecho adquirido por los colombianos y reversarlo es inviable desde todo punto de vista, particularmente desde lo jurídico”.
El alto funcionario explicó que no era obligatorio, según el auto, abrir la mesa de concertación, pero que habían decidido “habilitar un espacio que les permitiera analizar los alcances del fallo y escuchar así las partes”.