En la mañana de este 23 de abril, el Ministerio de Salud y Protección Social se pronunció para desmentir uno de los argumentos que se han dado durante los últimos años, respecto a la razón de los problemas del sistema, que radica principalmente en la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, que es el valor anual que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para financiar los servicios de salud del Plan Obligatorio de Salud.
La cartera precisa que la razón no es la UPC, sino las fallas estructurales en la gestión de los recursos por parte de las EPS, responsables del aseguramiento y de garantizar la atención efectiva a los usuarios.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que se ha hecho un supuesto esfuerzo fiscal, con un crecimiento real del 51 % en el presupuesto del sector y del 28 % en la UPC entre 2022 y 2026, lo que equivale a más de 21 billones de pesos adicionales en este rubro.
“La pregunta no es cuánto dinero falta, sino qué está pasando con el dinero que ya se giró”, advirtió el jefe de cartera, al cuestionar que, pese a los recursos históricos asignados, continúan las quejas por falta de medicamentos, demoras en la atención y barreras en el acceso a servicios esenciales.
Jaramillo aseguró que las las EPS continúan acumulando deudas con hospitales, clínicas y trabajadores de la salud, generando un cuello de botella que impide que el dinero llegue de manera efectiva a la atención. Indica que el problema no está en la financiación, sino en la intermediación.
“El análisis demuestra que indicadores como la siniestralidad financiera no miden la suficiencia de la UPC, sino la eficiencia de las EPS en la administración del riesgo. Esto explica por qué, bajo un mismo esquema de financiación, existen diferencias sustanciales entre entidades, evidenciando problemas de gestión más que de recursos”, precisó la cartera.
Además, el ministro indicó que existe una diferencia clara entre el costo médico real de la atención y el costo contable reportado por las EPS, siendo el primero el que debe guiar las decisiones técnicas sobre la UPC, y no los estados financieros agregados.
Expuso también irregularidades graves en los reportes que las propias EPS presentan, incluyendo facturación a personas fallecidas, procedimientos inconsistentes, cobros excesivos de medicamentos y diferencias millonarias sin justificación clara.