La Defensoría del Pueblo alertó sobre un aumento cercano al 18 por ciento en las tutelas relacionadas con el derecho a la salud en Colombia, un fenómeno que, según la entidad, refleja persistentes barreras estructurales en el sistema.
El diagnóstico fue presentado este 23 de abril en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo 2026), en un espacio dedicado a analizar los retos del sector.
De acuerdo con las cifras, en 2024 se registraron más de 265.000 tutelas por temas de salud, mientras que en 2025 la cifra ascendió a cerca de 312.500, lo que representa un incremento de aproximadamente 47.500 casos. Actualmente, estas acciones judiciales equivalen al 34 por ciento del total de tutelas en el país, consolidándose como una de las principales causas de judicialización.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que la tutela continúa siendo una herramienta fundamental para garantizar el acceso a medicamentos, citas y tratamientos, especialmente en zonas rurales.
Sin embargo, advirtió que el uso masivo de este mecanismo evidencia fallas en la capacidad de respuesta del sistema de salud.
El informe, basado en datos de la Corte Constitucional, indica que la alta tasa de concesión de las tutelas, cercana al 74,3 por ciento, sugiere que en la mayoría de los casos existe una vulneración real de derechos. Además, revela que miles de personas recurren a la justicia como única alternativa para obtener atención oportuna.
En cuanto a los diagnósticos, las enfermedades del sistema circulatorio lideran las solicitudes con 12,2 por ciento, seguidas de afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas.
También se destaca la presencia de trastornos mentales como ansiedad, depresión y autismo, así como una sobrerrepresentación de enfermedades de alta complejidad, cuyos costos superan en promedio en un 20 por ciento los de la atención general.
El análisis también expone desigualdades territoriales. Departamentos con altos niveles de pobreza, como Vichada, La Guajira y Chocó, presentan bajas tasas de tutelas, lo que, según la Defensoría, no refleja mejores condiciones, sino mayores obstáculos para acceder tanto a servicios de salud como a la justicia.
Finalmente, la entidad reiteró la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud que garantice el acceso efectivo, reduzca la judicialización y responda de manera oportuna a las necesidades de la población.