El ahorro de los pensionados en Colombia es, ni más ni menos, que plata sagrada, pues el fin es cubrir las pensiones futuras, motivo por el cual, desde todo punto de vista, el camino que se debe seguir con esos recursos es promover su rentabilidad, pero de manera segura y sostenible.
Por eso no cesa la preocupación ciudadana por el proyecto de decreto que está abierto para comentarios del público hasta el 4 de febrero, con el cual el gobierno busca ponerle límite al porcentaje que los fondos privados de pensiones pueden invertir en el exterior.
Aunque los dineros de los ahorros son de los ciudadanos, son administrados por las AFP, que procuran generar rendimientos, de manera que los afiliados tengan beneficios al guardar su plata para la vejez.
El asunto es tan importante, no solo para los afiliados al sistema pensional, sino para la economía misma, que la Contraloría General puso la lupa y, tras la revisión, puso en el debate una serie de cifras y cálculos que evidencian el efecto nocivo que podría darse con la aplicación de la medida.
Efecto directo sobre el patrimonio de afiliados
“Las decisiones sobre dónde se invierten los recursos de los ahorros pensionales tienen efectos directos sobre el patrimonio de los afiliados, la estabilidad del sistema pensional y, en última instancia, sobre las finanzas públicas”, enfatizó la Contraloría.
El ente de control, en el informe que revela este jueves 29 de enero, inicia sus cuentas recordando que la propuesta de decreto apunta a establecer un nuevo tope, del 30 %, para la inversión global de activos en el exterior que actualmente representa el 49 %.
La Contraloría menciona también que hay alrededor de la medida un régimen de transición, es decir, para llegar al 30 %, se necesitarán 5 años, pero en un poco más de la mitad de ese tiempo: en 3 años, el límite de la inversión que se puede hacer fuera del país sería del 35 %.
Es una repatriación significativa
Con ese antecedente, la Contraloría dice que “esa repatriación significativa de inversiones desde el exterior hacia Colombia implica una serie de riesgos que es fundamental analizar con detenimiento”, señala en el informe.
Partiendo de la premisa, según la cual Asofondos, gremio de fondos privados, estima que el valor de los fondos de pensiones obligatorias crecerá en los próximos cinco años a una tasa promedio anual del 14,16 %, en línea con su comportamiento histórico entre 2007 y 2025; la Contraloría calcula que el monto total administrado aumentaría, desde los $526,6 billones a diciembre de 2025, hasta $783,4 billones en el 2028. Para 2030 el monto llegaría a $1.021,1 billones.
Si para el 2028 las inversiones que se podrán tener en el exterior son del 35 %, implicaría que 274,2 billones se invertirían afuera y, en 2030, cuando solo se podrá invertir el 30 % en el exterior, se tendrían 306,3 billones en portafolios externos.
Históricamente, la plata afuera rinde más
El asunto es que, históricamente, está demostrado que las inversiones en el país “han presentado rendimientos más bajos que aquellas realizadas en mercados internacionales”, señala el informe de la Contraloría.
Para la muestra, el organismo de control se basó en lo sucedido desde que se implementó el esquema de multífondos. “El fondo moderado —que combina activos locales y externos— ha obtenido una rentabilidad promedio anual del 8,5 %, mientras que un portafolio invertido exclusivamente en Colombia habría registrado alrededor de 3,8 % en el mismo periodo", argumenta la Contraloría en el informe.
No obstante, la entidad que se encarga de vigilar los recursos públicos expresa que “no es posible atribuir una rentabilidad puntual a la inversión en el exterior (debido a la variación histórica de la composición del portafolio)”, pero sí es verídico que la diversificación internacional ha sido un factor clave para alcanzar una mayor rentabilidad.
El cálculo hecho por la Contraloría estima que, si el límite del 30 % para inversiones en el exterior se hubiera establecido desde 2011, la rentabilidad promedio de los fondos habría sido de 6,8 % en vez de 8,5 %.
Para la entidad, “una diferencia de esta magnitud impacta directamente tanto en las devoluciones de saldo como en el valor de las mesadas”.
El informe de la Contraloría es un nuevo insumo en el debate alrededor del proyecto de decreto pensional, cuyo futuro aún es un enigma.
