¿Por qué los empresarios quieren pagar más impuestos?

El debate sobre los impuestos en Colombia giró 180 grados en pocas semanas. Antes de las protestas, el consenso de los técnicos señalaba que era completamente necesario reformar el Estatuto Tributario colombiano para bajarles la carga impositiva a las empresas y aumentarla a las personas naturales.

Obvio. Es el balance que hay en las leyes de impuestos de la mayor parte de los países Ocde. Allí, recaudan, en promedio, 80 por ciento del PIB en impuestos a las personas naturales, mientras que en Colombia apenas si llega al 20 por ciento del PIB.

El argumento es que este enfoque en la tributación aumenta la capacidad de las unidades productivas para crear empleos y cerrar el círculo virtuoso de la recuperación.

Pero la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla –que muchos consideran acertada– alborotó el avispero, empezaron las manifestaciones –que aún no terminan–, y el ambiente general para modificar el asunto de los tributos sufrió una transformación radical.

Hoy la fórmula adecuada parece ser otra, y ello se refleja en los anuncios de muchos empresarios que antes se quejaban por la ‘altísima carga de tributos’ y ahora dicen que se meterán la mano al bolsillo para aportar. “Que los que más tienen aporten más”, parece ser el nuevo mantra de muchos.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, fue uno de los primeros en anunciar una propuesta a fin de suspender algunos beneficios a las compañías: el descuento en renta de los pagos de ICA (propone mantenerlo en 50 por ciento), detener la reducción de la tarifa en el impuesto a la renta (en 33 por ciento) y aplicar temporalmente un impuesto al patrimonio. Esto, acompañado de un plan de enajenación de activos, resultados más contundentes en la lucha contra la evasión fiscal y mucha austeridad. Tal mezcla de medidas podría representar 30 billones de pesos.

Esa fórmula era impensable hace un par de meses. Cabe recordar que las reformas tributarias de 2018 y 2019 aprobaron reducir la carga a las empresas y aumentarla a personas naturales. Los resultados iniciales parecían óptimos por el mayor recaudo y el impacto en la actividad económica. Pero se apareció la pandemia y metió a Colombia y al mundo en la peor recesión en la historia de la humanidad.

Ahora se habla de la fórmula contraria: gravar a las empresas y a los ricos para darles a los pobres más programas, como Ingreso Solidario y Jóvenes en Acción, y mantener por un tiempo los subsidios a la nómina.

El propio ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, admitió que ahora mismo discutir una reforma solo de contenido técnico es inviable y que se necesita reconocer el contexto de crisis social (ver entrevista en la página 68).

Los empresarios afiliados a ProBogotá emitieron un comunicado reconociendo la necesidad de que sean las compañías y los más pudientes los que paguen: “Las organizaciones del sector productivo, motivadas por ese entendimiento y por la solidaridad, apoyamos la adopción de normas tributarias para aportar al gasto público social con el propósito de que los colombianos de menores ingresos tengan acceso al conjunto de bienes y servicios, así como para generar empleo con énfasis en jóvenes y mujeres. La institucionalidad democrática vigente es legítima por surgir de la voluntad ciudadana y de amplísimas concertaciones, por lo anterior, invitamos al Congreso de la República y al Gobierno nacional a que expidan con sentido de urgencia una reforma tributaria en la que desde ya expresamos nuestra disposición de hacer mayores contribuciones”.

De ProBogotá forman parte compañías muy destacadas: el grupo Chaid Neme, que preside Nayib Neme; Amarilo, una de las constructoras más grandes del país, dirigida por Roberto Moreno; Bancolombia, presidida por Juan Carlos Mora; Colpatria, bajo el mando de Jaime Alberto Upegui, y Alquería, liderada por Carlos Enrique Cavelier, entre otras.

Esto muestra el interés del empresariado colombiano sobre la importancia de su aporte para superar la incertidumbre social y lograr estabilidad. Solo así se podrá avanzar en un proceso cierto de recuperación económica, que genere nuevos empleos y más recursos fiscales.

El debate de fondo

El cambio en el estado de opinión acerca de los impuestos no debe confundir: la reforma que al final apruebe el Congreso en 2021 será para la coyuntura de uno o dos años, porque, nuevamente, este ajuste no resolverá los problemas estructurales del Estatuto Tributario colombiano. La mayoría de empresarios siguen considerando que la carga impositiva continúa en niveles muy altos. Esa es una realidad de a puño.

Por ejemplo, el empresario Mario Hernández fue categórico en su afirmación: “Yo soy amigo de que hay que pagar impuestos. Pero ¿cuántos ricos hay en el país? No más de 7.000 personas. Además, hay impuestos para todo: gasolina, ICA, lo de las Cámaras de Comercio es otro impuesto. Y ahí se equivocan, porque eso no lo paga el empresario, sino el producto. Eso nos hace menos competitivos y explica por qué no estamos exportando”.

En el mismo sentido, se pronunció el empresario Arturo Calle, quien considera que el nivel de tributación sigue siendo muy alto. Según él, la tasa efectiva para quienes no evaden un peso y pagan todas sus cargas tributarias puede ser 70 por ciento de la renta en el caso de las personas naturales. Y la tasa para las compañías también es bastante elevada.

Por eso es claro que el país tiene que discutir pronto sobre la capacidad de generar productividad y modernizar la economía.“Nadie está hablando de reinventarnos, de impulsar el agro, de meterles plata a las carreteras intermedias. Solo proponen generar más impuestos, pero eso se logra triplicando el PIB per cápita. Si logramos esa meta, significa que hay empleo y acabamos la pobreza. Ahí vamos a tener plata para la salud, la educación y todos los demás gastos”, dijo Hernández.

Una reforma pendiente

Es evidente que el país está afrontando el debate de impuestos desde una perspectiva de urgencia. Así que las quejas entre los empresarios muestran que el próximo Gobierno tendrá que tomar el toro por los cuernos y presentar una nueva tributaria. Pero estructural.

El contenido de ese ajuste deberá apuntar, paradójicamente, hacia donde lo hacía la propuesta de Alberto Carrasquilla: 1) generalizar IVA, reduciendo tarifas y ofreciendo un robusto esquema de devolución para los más pobres; 2) continuar con el proceso de reducción de tarifas en renta para las empresas y 3) ampliar la base gravable y las tarifas para la renta de personas naturales. Se supone que seguirán vigentes el gravamen a los movimientos financieros (4 × 1.000) y el impuesto al patrimonio, que forman parte de la propuesta que la izquierda ha ventilado en el mundo para equilibrar las cargas entre ricos y pobres.

Colombia está acostumbrada a dar rodeos en materia de impuestos. En esta oportunidad, se vio abocada al mismo callejón sin salida: todos quieren gasto público, pero casi nadie quiere pagar impuestos. Ojalá que las protestas sirvan también para lograr el consenso base de cualquier país moderno: todos ponen.