El nuevo Gobierno enfrentará muchos desafíos, pero uno será urgente y difícil: una reforma tributaria de gran calado. La administración saliente estima que se requieren 30 billones de pesos adicionales, aunque varios analistas advierten que el ajuste fiscal planteado será insuficiente.
Las cuentas fiscales que heredará el próximo Gobierno son estrechas y el desequilibrio podría ser mayor al revelado, advierte el exministro Mauricio Cárdenas. A su juicio, la prioridad será “sincerar las cuentas”, pues no habrá margen para seguir en piloto automático.
El país combina alto consumo, baja inversión y menor crecimiento: pasó de expandirse al 4 por ciento a cerca del 2 por ciento. Además, el déficit podría cerrar el año en 8,7 por ciento, al incluir obligaciones no contempladas, y la deuda llegaría al 64,5 por ciento del PIB en 2026. A esto se suman presiones por pensiones, seguridad, salud y pagos atrasados al sector energético, que en conjunto exigirán obtener más ingresos y recortar gastos.
Cárdenas afirma que la mejor ruta para aumentar el recaudo es impulsando la economía, por lo cual estima que sería eficiente bajar impuestos a las empresas. Entre ellos, mencionó el de renta, que debería pasar del 35 al 30 por ciento.
En su lista de reducción de la carga tributaria a las compañías está también la eliminación de la sobretasa que se le impuso a algunos sectores y el desmonte del impuesto al patrimonio introducido en la emergencia económica. Igualmente, tendría que sacarse de forma gradual el 4 × 1.000 y todo el paquete en conjunto generaría un dividendo: “La tercera parte del costo de bajar impuestos se paga sola por el efecto positivo en la economía. En paralelo, habrá que pensar en nuevas fuentes de ingresos que compensen la reducción del recaudo”.
Luis Fernando Mejía, CEO de la firma Lumen, también habla de buscar una considerable suma de recursos públicos. Calcula que será necesario un ajuste cercano a 3,5 puntos del PIB, lo que equivale a unos 67 billones de pesos al año.
Siempre será impopular
La reforma tributaria pasó a ser prioridad, aunque casi no se discutió en campaña por su impopularidad. Ya hay alertas de que sin medidas prontas no habría recursos suficientes para cerrar el año. Sin embargo, el trámite será difícil: deberá pasar por un Congreso de la República en el que el nuevo presidente no tiene mayorías y enfrentará una fuerte oposición.
De elegir entre las alternativas que hay sobre el tapete –aumentar impuestos para subir el recaudo o bajarlos para estimular la economía y así lograr el ingreso necesario– dependerá la aceptación tanto de la ciudadanía como del Parlamento.
Por lo pronto, hay puntos en común. Inclusive, el actual director de la Dian, Carlos Betancourt, partidario de una reforma que imprima progresividad en el pago de impuestos, está de acuerdo con que se requiere bajar la tarifa a las empresas y acepta que el 4 × 1.000 es un impuesto “distorsionador”. No obstante, sostiene que se tendrían que buscar las fuentes de reemplazo de los ingresos que se dejarían de percibir si se tocaran esos tributos. En consecuencia, se inclina más por ampliar la base de contribuyentes, pedir mayores aportes a los ingresos altos y reducir algunas exenciones del IVA.
“Si vuelve a exprimir a quien ya cumple”
Mejía, por su parte, estima que la receptividad de la reforma tributaria en el Legislativo dependerá de su diseño. “Si vuelve a exprimir a quien ya cumple, fracasará. El camino correcto es ampliar las bases gravables; en renta de personas naturales recaudamos 1,6 por ciento del PIB frente a cerca de 8 por ciento en la Ocde. Hay que racionalizar exenciones y atacar la evasión, que cuesta cerca de 5 por ciento del PIB al año, unos 95 billones de pesos”.
Así las cosas, será una dura tarea para quien se encargue de hacer la reforma tributaria en el nuevo Gobierno.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) June 16, 2026