SuperServicios pidió al Consejo de Estado reversar decisión que suspendió decreto sobre servicios públicos

Hace unos días, el Consejo de Estado anunció la decisión de suspender el decreto que le otorgó las funciones para asumir el control de los servicios públicos al presidente de la República, Gustavo Petro.

Este martes, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga Collazos, le pidió al tribunal reversar la decisión que suspendió el decreto.

“Le solicito al H. Consejo de Estado se sirva revocar en su integridad el auto de fecha 2 de marzo de 2023, mediante el cual se resolvió decretar una medida cautelar de urgencia, en el sentido de ordenar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023″, dice la carta.

Como prueba, adjuntó lo dicho por el magistrado ponente sobre que: “El despacho consideró que el acto administrativo acusado transgredió de manera manifiesta las normas invocadas por los accionantes en su libelo de demanda y en la solicitud cautelar, como quiera que la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada por el constituyente de manera directa y expresa a las comisiones de regulación de los servicios públicos CRA y CREG”.

Ante el hecho, el presidente Gustavo Petro anunció este sábado que su Gobierno recurrirá a todos los recursos jurídicos ante el Consejo de Estado para apelar la decisión.

El mandatario señaló, a través de su cuenta en Twitter, que la decisión será apelada, aunque enfatizó en que “mi gobierno respetará, como es lo básico en un Estado de derecho, la decisión del magistrado Serrato de suspender mis funciones constitucionales respecto a los servicios públicos”.

Y añadió que “sin embargo, utilizaremos todos los recursos jurídicos que dispongamos ante el Consejo de Estado”.

El Consejo de Estado suspendió el pasado jueves el decreto que le otorgó al presidente Petro las funciones para asumir el control de los servicios públicos en el país.

Según la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliaros serán las encargadas de ejercer, de manera ordinaria, las funciones que se les fueron asignadas en las Leyes 142 y 143 de 1994.

Previamente a la publicación del trino de este sábado, el mandatario se refirió al tema sin mencionar al Consejo de Estado.

En San Andrés, en el lanzamiento de la estrategia Gobierno Escucha, defendió a capa y espada esas facultades, las cuales se oficializaron con un decreto que se expidió por parte del Gobierno nacional.

En su declaración, el mandatario colombiano también aprovechó ese escenario para destacar el potencial de San Andrés para aportar a la trasnacional energética, que según el jefe de Estado necesita el país.

“Yo creo que esta isla podría ser el primer experimento de energía solar, ahí están en discusión jurídica mis facultades constitucionales para regular y controlar los servicios públicos y eso está escrito en el artículo de la Constitución”, sostuvo.

Y fue más allá: “Y ahora aparece que como Petro es el presidente de Colombia, entonces no puede tener sus facultades constitucionales”.

La decisión del Consejo de Estado

“La medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023 “por el cual se reasumen algunas de las funciones presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, estableció el Consejo de Estado.

La norma, ahora suspendida, tenía la finalidad de que el presidente de la República asumiera la responsabilidad de regular los precios de los servicios públicos, una labor que no tenía un mandatario nacional desde 1994.

El decreto lleva las firmas, además, del jefe de Estado, de los ministros de Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía, Vivienda, Ciudad y Territorio, y por el director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional.

Con la decisión se buscaba regular los precios de los servicios públicos como un intento de rebajar las tarifas de, por ejemplo, el servicio de energía que en 2022 aumentó un 22,40 %.

De esta manera, el mandatario pretendía no seguir delegando sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos.

“Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos, por un tiempo. Entonces, voy a asumir el control, las políticas generales de administración de Colombia, directa y personalmente, en función de lo que la misma Ley dice: primero, el interés general y el del usuario”, señaló en su momento.