El Gobierno Petro sancionó la Ley 2618, que crea el Programa de Alimentación Universitaria para estudiantes de pregrado de universidades públicas en condición de vulnerabilidad.
Así funcionará el Programa de Alimentación Universitaria
La Ley 2618 crea un programa de alcance nacional dirigido a estudiantes de pregrado matriculados en universidades públicas.
Su propósito no es únicamente entregar alimentación, sino contribuir a la permanencia de los jóvenes en la educación superior, mejorar sus condiciones durante la formación académica y reducir las barreras económicas asociadas a la alimentación.
La norma establece que la priorización deberá concentrarse en estudiantes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica y social.
Entre los grupos que tendrán un enfoque preferente aparecen estudiantes en estado de gestación o lactancia, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, integrantes de grupos étnicos, jóvenes provenientes de zonas rurales, dispersas o insulares y estudiantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.
Los programas de pregrado completamente virtuales no están incluidos dentro del beneficio, según la información reportada por Caracol Radio.
La ley también plantea que la política de alimentación universitaria contribuya al fortalecimiento de hábitos alimentarios saludables y a la construcción de procesos de soberanía y autonomía alimentaria en las instituciones de educación superior.
El programa tendrá dos modalidades: plato servido, para universidades con infraestructura adecuada, y subsidio o bono de alimentación, para aquellas que no puedan ofrecer directamente el servicio.
El Ministerio de Educación definirá los lineamientos y criterios de focalización
Las universidades, por su parte, deberán procurar la compra de alimentos a pequeños productores, mercados campesinos y organizaciones de agricultura familiar.
El punto que genera mayor incertidumbre: la financiación
Aunque el programa ya quedó creado mediante una ley, no existe una partida presupuestal específica que garantice su puesta en funcionamiento inmediata.
El texto establece que el PAU se financiará con recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación.
Además, contempla otras fuentes como donaciones, recursos propios de las universidades públicas y mecanismos de concurrencia con entidades territoriales.
Un punto importante es que esos recursos deberán ser adicionales y no podrán sustituir las transferencias que actualmente reciben las instituciones públicas de educación superior.
Otro de los datos relevantes es que la implementación del PAU no será inmediata.
La Ley 2618 establece un plazo de un año para que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, y las universidades públicas adelanten las acciones necesarias para ponerlo en funcionamiento.
Durante ese periodo deberán desarrollarse la reglamentación, los mecanismos de distribución de los recursos y los procedimientos para la operación del programa en las diferentes instituciones.
El Ministerio de Educación tendrá la responsabilidad de consolidar esa información y hacer seguimiento a la implementación del programa.
La norma también contempla la participación de los estudiantes a través de Comités de Veeduría Estudiantil, que deberán contribuir al seguimiento de la ejecución del PAU.
La Ley 2618 fue sancionada el 31 de julio de 2026, en los últimos días del gobierno Petro, pero su aplicación queda principalmente en manos de la administración que comenzó el 7 de agosto.