La crisis del sistema de salud colombiano no se resuelve solo con más recursos ni con un cambio de modelo. Para David Bardey, profesor titular de Economía de la Universidad de los Andes, la salida exige corregir fallas que impiden que el dinero se convierta en atención para los pacientes.
Uno de los investigadores que más ha estudiado los problemas de financiación y aseguramiento en el país y coautor de una propuesta de Fedesarrollo para superar la crisis, su hoja de ruta empieza por sanear las deudas, garantizar una financiación suficiente y definir qué papel deben cumplir las EPS.
¿Por dónde empezaría?
David Bardey: Primero, por garantizar la suficiencia del financiamiento. La UPC debe calcularse con criterios técnicos que reflejen las necesidades de la población, el envejecimiento y los costos de los tratamientos.
Segundo, restablecer la cadena de pagos: reunir las deudas reconocidas, compensar obligaciones y pagar los saldos con respaldo financiero.
Tercero, sanear el aseguramiento: definir qué EPS pueden recuperarse, cuáles reestructurarse y cuáles salir ordenadamente. En los primeros cien días deben quedar listas las reglas y fuentes de financiación.
¿Cuánto dinero falta y de dónde debería salir?
D. B: Hay que separar el déficit anual de las deudas acumuladas. Recogemos estimaciones de un déficit estructural cercano a $ 19,7 billones anuales y de deudas entre actores del sistema de $ 25,7 a 32,9 billones.
Para las necesidades permanentes se requieren ingresos permanentes: presupuesto nacional e impuestos generales. Para las obligaciones acumuladas, instrumentos extraordinarios, como bonos farmacéuticos.
¿Qué debería pasar con las EPS que no pueden responder por sus afiliados?
D.B: Hay que evaluar su situación financiera, capacidad de gestión, calidad de atención y presencia territorial. Una EPS con problemas financieros, pero capacidad de atención, puede recuperarse mediante capitalización, cambios administrativos, metas y plazos definidos.
Si no hay una perspectiva creíble de recuperación, corresponde una liquidación ordenada. La prioridad es que los afiliados continúen sus tratamientos y que las entidades receptoras puedan atenderlos. Cambiar a una persona de EPS no garantiza una cita ni sus medicamentos. Los criterios deben ser públicos y aplicarse por igual a entidades privadas e intervenidas.
¿Cómo resolver las demoras y problemas con los medicamentos?
D.B: Hay que distinguir las causas. Algunos medicamentos escasean por problemas de producción, importación o distribución; otros están disponibles, pero no llegan porque se rompió la cadena de pagos. Para esto último proponemos bonos farmacéuticos con respaldo soberano, destinados a cartera reconocida. Para la escasez real se necesita mejorar el abastecimiento.
En zonas rurales proponemos Centros de Salud Familiar Rural, equipos estables y telemedicina. Una autorización sirve de poco si no hay un médico disponible.
¿Qué sistema debería tener Colombia en diez años y cómo financiarlo?
D.B: Debe ser universal y solidario, proteger financieramente a los hogares, y garantizar atención efectiva. Proponemos un modelo diferenciado: en ciudades, con suficiente oferta, aseguramiento reformado, EPS responsables de gestionar el riesgo, prestadores públicos y privados, y supervisión estatal. En territorios dispersos, el Estado debe asumir mayor responsabilidad en el primer nivel mediante Centros de Salud Familiar Rural.
La sostenibilidad requiere financiación predecible, una UPC calculada técnicamente y fuentes de ingresos diversificadas. También exige pagar por resultados. El envejecimiento seguirá presionando el gasto y la eficiencia no elimina la necesidad de recursos adicionales. Toda propuesta debe explicar qué atención garantiza, cuánto cuesta y cómo se financiará.