En la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Cancerología y el Ministerio de Salud presentaron un nuevo plan decenal para el control del cáncer en Colombia. Cada año, se registran cerca de 115.000 nuevos casos, por lo que avanzar en una estrategia que no solo trate la enfermedad, sino que impulse la prevención y reducción del riesgo, es vital para el sostenimiento de la salud pública.
Además del Plan Decenal de Salud Pública, ¿Colombia necesita un nuevo plan para el control del cáncer?
CAROLINA WIESNER CEBALLOS: Sí. Por eso, el 4 de febrero se presentó a consulta pública, junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, el nuevo plan “Todos tenemos que ver”. Se requiere abordar el cáncer de manera específica, puesto que constituye la primera causa de muerte prematura entre la población de 30 y 69 años.
Las agencias internacionales recomiendan que los países con un alto índice de desarrollo humano, como Colombia, deben tener planes nacionales específicos: a mayor índice, mayor incidencia de cáncer. Con un plan específico, no solo se reduce el impacto social, sino que se puede controlar el gasto en el sistema de salud, pues es un conjunto de enfermedades de alto costo. Este nuevo plan se construyó con los actores del sistema en diferentes regiones del país e incluyó a los pacientes. En la construcción, validación e implementación del plan para el control del cáncer, todos tenemos que ver.
¿La incidencia de cáncer ha aumentado en Colombia?
C.W.C.: La incidencia de cáncer aumenta por determinantes demográficos, sociales y comerciales. Si la calidad y expectativa de vida aumentan, así como el índice de envejecimiento, se incrementa el riesgo poblacional de cáncer. A ello se suma una mayor prevalencia de obesidad y el consumo excesivo de alcohol, productos procesados y alimentos de bajo valor nutricional. La industria también influye en las políticas de salud con estrategias de mercadeo de productos no saludables.
No es el primer plan decenal para el control del cáncer en el país…
C.W.C.: En Colombia tuvimos el plan decenal 2012-2022 que no gozó de una adecuada difusión como la que tuvo el plan de salud pública de ese mismo periodo. Tampoco contó con la adecuada articulación política, apropiación social ni implementación normativa y operativa. Solo alcanzó el 52 por ciento de cumplimiento de sus metas.
¿Qué objetivo concreto plantea?
C.W.C.: Mientras el anterior quería posicionar el cáncer en la agenda pública y movilizar la acción de los actores, el actual (2026-2035) busca la implementación de nueve líneas estratégicas integrales con un enfoque territorial, transdisciplinario, intercultural e intersectorial, y fortalecer la vigilancia del cáncer con definición de fuentes oficiales de incidencia, mortalidad, supervivencia y calidad de la atención, además de privilegiar y desarrollar el trabajo colaborativo a través de la Red Nacional de Investigación en Cáncer.
También promueve la promoción, prevención y reducción del riesgo, así como la detección temprana. Hace énfasis en la necesidad de fortalecer la oferta de servicios de diagnóstico, garantizar la calidad del tratamiento y promover el soporte de los pacientes con cáncer, sus familias y los cuidados al final de la vida. Por supuesto, promueve la política de medicamentos, la evaluación tecnológica y el fortalecimiento del talento humano, pues la oferta de especialistas hoy en día resulta insuficiente ante la creciente demanda.
Y el lema es muy diciente: “Todos tenemos que ver”…
C.W.C.: El control del cáncer es una responsabilidad de todos: del Estado con sus políticas públicas, que deben reducir la exposición a los carcinogénicos como el alcohol y el tabaco, la contaminación de las aguas y del aire, y las personas con sus decisiones. Todos tenemos que ver. No solo los médicos y profesionales de la salud, sino también cada persona en su rol. Como el vigilante que recibe a los pacientes en el hospital, el auditor que autoriza los procedimientos médicos a tiempo o los profesores que protegen a los niños cuando se exponen al sol o a los alimentos de bajo valor nutricional.
¿Por qué persisten fallas en la atención?, ¿qué papel juega lo público y lo privado?
C.W.C.: El hecho de que el sistema de salud haya alcanzado una cobertura de casi el 90 por ciento, con un alto gasto per cápita en salud, ha hecho que los pacientes con cáncer tengan acceso. Aun así, los servicios oncológicos están insertos dentro de la dinámica del mercado, son fragmentados, costosos, y las reglas de la contratación no garantizan la integralidad de la atención.
Un alto porcentaje de pacientes llega en estadios avanzados de la enfermedad, por lo que los costos se incrementan y la supervivencia alcanzada es inferior a lo registrado en otros países de la región. Las diferencias en la remuneración de los médicos que trabajan en las entidades públicas es muy inferior a la que reciben los especialistas en las entidades privadas, concentrando la oferta en los servicios privados. Heredamos la representación social que dice que lo público “es solo para los pobres y de menor calidad”. Pero esa imagen debe cambiar.
Ahora el Instituto Nacional de Cancerología ya no es solo un hospital…
C.W.C.: La Ley 2291 de 2023 transformó al INC. Ya no somos un hospital, somos un centro de investigación, desarrollo, innovación y un centro de salud pública con un hospital universitario. Se amplió la planta de personal, se cambió la estructura y se generó una prima especial para los médicos que atienden a los pacientes con cáncer. Ahora mismo estamos en el proceso de implementación.
Esta ley quería que los empleados se vincularan con contratos de régimen privado, pero la Corte Constitucional lo declaró inexequible. ¿Cuál es el impacto?
C.W.C.: Esta condición hubiese permitido una mayor flexibilidad en las formas de vinculación y, al ordenador del gasto, ofrecer remuneración por servicios adicionales. Concedía el reconocimiento de los profesionales con título de doctorado; ahora tenemos un centro de investigación que no reconoce ese título. La Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad del Estado, demandó por inconstitucional los artículos relacionados con el régimen laboral en defensa de los derechos de carrera administrativa (49 / 720 de planta). Por eso, ahora todos los trabajadores del INC deben presentarse al concurso abierto para continuar en el instituto.
*Contenido elaborado en alianza con el Instituto Nacional de Cancerología.
