Ad portas de las elecciones legislativas del 8 de marzo y en medio de un debate nacional alrededor de la seguridad, la polarización y las reformas truncadas, Sandra Ramírez se presenta nuevamente como candidata al Senado con la misma bandera: el Acuerdo de La Habana. Incómoda para algunos sectores y firme en su discurso, sostiene que la paz es más que el silencio de los fusiles, es tierra formalizada, vías terciarias, salud, educación y garantías reales para hacer política sin miedo.
“Colombia necesita desarrollo rural: distribución y formalización de la tierra, pero también “tierra vestida”, es decir, con derechos, crédito y apoyo para que el campo florezca”, aseguró. Por eso, casi diez años después de la firma del Acuerdo de Paz regresa a la contienda electoral para seguir avanzando, entre otras cosas, en una ley que permita crear un tribunal que resuelva los problemas históricos de la tierra.
Usted vuelve a aspirar al Congreso en un momento de alta polarización. ¿Por qué cree que su voz es importante nuevamente para el país?
SANDRA RAMÍREZ (S.R.): Hay una voz diferente dentro de la izquierda: la de quien firmó un Acuerdo de Paz para Colombia. Ese acuerdo, que consagra derechos y transformación, se traduce en justicia social, tierra para el campesinado, educación y salud. Es una herramienta poderosa para transformar el país. Esa es la voz que llega al Congreso y que se ha caracterizado por la defensa del acuerdo y de la paz firmada en La Habana.
Hay quienes dicen que usted solo habla del Acuerdo de Paz… ¿Es así? ¿Qué otras iniciativas suyas han tenido impacto real en la vida de la gente?
S.R.: El Acuerdo de Paz firmado en La Habana no es para un sector, es para toda Colombia. La paz no es solo silenciar los fusiles, es garantizar derechos: vías terciarias dignas para que el campesinado saque sus productos, educación, salud y oportunidades. Hoy muchas comunidades tienen caminos de barro mientras otros sectores cuentan con buenas vías hechas con recursos públicos.
En el Congreso hemos impulsado la jurisdicción agraria y la creación de un tribunal para resolver el problema histórico de la tierra, origen del conflicto. Falta avanzar en su ley orgánica porque no somos mayoría. Colombia necesita desarrollo rural: distribución y formalización de la tierra, pero también “tierra vestida”, es decir, con derechos, crédito y apoyo para que el campo florezca.
¿Cuándo sintió que el Congreso le dio la espalda a la paz y cómo ha repercutido esto en los territorios?
S.R.: El Congreso le ha dado la espalda a la paz porque no existen mayorías que comprendan su alcance. Se celebran decisiones como hundir la reforma a la salud, recortar el contrato agrario o frenar la reforma política, que es clave para la implementación del Acuerdo. No hay voluntad institucional en lo legislativo, lo ejecutivo ni lo electoral. Un Consejo Nacional Electoral elegido a la medida de quienes tienen recursos limita las garantías. Sin apoyo regional ni respaldo económico, hacer política se vuelve casi imposible.
Usted misma se define como una senadora incómoda…
S.R.: Ser incómoda ha significado no tener plena participación en todos los escenarios del Estado. Incomoda quien es diferente y no legisla para intereses particulares sino para la sociedad, especialmente para las mayorías. Mi compromiso es avanzar en la implementación del Acuerdo: la jurisdicción agraria, la reforma política y la reforma a la salud. Me dolió que se negara el contrato agrario, dejando a campesinos sin pensión, salud ni seguridad social.
Hoy el país habla otra vez de una crisis de seguridad. Y una de sus propuestas es la “seguridad humana”. ¿De qué se trata?
S.R.: Colombia vive una crisis de seguridad, como lo evidencian hechos recientes contra congresistas en distintas regiones. La seguridad es necesaria en todo el país, pero debe ser integral y con inversión social. No es solo presencia armada: es educación con permanencia escolar, programas flexibles según cada región y enfoque diferencial. También es seguridad económica, jurídica y política, para que cualquier ciudadano pueda participar sin miedo y con garantías reales.
En su propuesta económica, ¿qué papel juegan los firmantes de paz y las economías legales en los territorios?
S.R.: Nuestra propuesta económica se basa en economías sociales, solidarias, populares y comunitarias, en las que los firmantes de paz han aportado en los territorios. No se trata solo de producir, sino de transformar y comercializar con valor agregado. No es exportar cacao para importar chocolate, sino producir y transformar aquí. Lo mismo con el café o el plátano: agregar valor impulsa el desarrollo tecnológico y económico. Hemos fortalecido organizaciones asociativas para que el campo produzca y transforme.
Casi diez años después de la firma del Acuerdo muchos se preguntan si fracasó la paz…
S.R.: La paz no ha fracasado ni fracasará en Colombia, y el Acuerdo tampoco. Hemos cumplido con responsabilidad, pese a amenazas, desplazamientos y más de 480 firmantes asesinados. Es un proceso de largo alcance que exige cambios culturales. La paz no es solo silenciar fusiles, es reconciliación y diálogo. Hemos avanzado, no como quisiéramos, pero el Acuerdo firmado en La Habana sigue vigente y lo estará para futuras generaciones.
Usted insiste mucho en la reconciliación, pero hay sectores que no confían en ese concepto. ¿Cómo se construye reconciliación sin impunidad?
S.R.: En las conversaciones de La Habana se dejó claro que no habría impunidad. Por eso se creó la JEP y el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, para asumir responsabilidades de todos los actores que cometimos errores dolorosos en la guerra. La reconciliación exige perdón y reconocimiento del daño, también frente a las víctimas, con quienes hemos realizado más de 200 actos en el país. Hay sectores que no la quieren porque la guerra ha generado rentabilidad económica, política y mediática. La propuesta es un acuerdo político amplio para desterrar la violencia, la estigmatización y el odio, y superar las causas del conflicto.
¿Cree que en Colombia se sigue haciendo política desde el miedo?
S.R.: Sí, en Colombia se ha hecho política desde el miedo. Se crean fantasmas para sembrar temor y luego ofrecer salvadores. Eso genera violencia que golpea primero a los territorios. El Acuerdo busca romper esa lógica y permitir una política sin estigmatización ni odio. Conceptos como “castrochavismo” se usan para infundir rechazo. El país necesita verdad sobre las causas del conflicto para reconciliarse y avanzar hacia una democracia inclusiva y participativa.
Si logra un nuevo período en el Congreso, ¿cuáles serán sus prioridades?
S.R.: En un nuevo período avanzaré en la implementación del Acuerdo como herramienta de transformación. Mi compromiso es con la tierra y su formalización, la salud, las vías terciarias y la educación como pilar de cambio. Seguiré trabajando por mujeres, jóvenes, adultos mayores y víctimas, para que recuperen la dignidad arrebatada por el conflicto y fortalecer una agenda desde los territorios.
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