Las condiciones están dadas para que la Orinoquía colombiana finalmente desarrolle su enorme potencial. El Presidente de la República así lo dijo en su discurso de posesión: “La Orinoquía colombiana será nuestro Mato Grosso”, una región llamada a convertirse en despensa agrícola y motor del crecimiento económico del país.
No se trata solamente de una aspiración. La Orinoquía representa cerca del 28 por ciento del territorio nacional y concentra algunas de las mayores extensiones de suelos con potencial agrícola aún sin desarrollar. El CONPES 3797 identificó más de 15 millones de hectáreas con potencial productivo en la región, de las cuales apenas 700.000 estaban cultivadas.
Su importancia trasciende los alimentos que llegan directamente a nuestra mesa, ya que la región puede producir a gran escala maíz, soya y otros insumos esenciales para alimentar aves, cerdos y ganado y, por tanto, para producir la proteína que consumimos. En 2024, la Altillanura representó el 37 por ciento de la producción nacional de maíz tecnificado y el 86 por ciento de la de soya.
El impacto potencial es enorme según Fedesarrollo, que estima que con las reformas e inversiones necesarias para 2045 el PIB agropecuario nacional podría ser 20 por ciento superior y el PIB total del país 8,2 por ciento mayor. El valor agregado adicional acumulado alcanzaría los 934 billones de pesos a valores del año 2026.
Pero para lograrlo no basta con sembrar, hay que cambiar las reglas. Los suelos de la Orinoquía requieren importantes inversiones en adecuación, infraestructura, tecnología y logística. Solo su adecuación puede costar entre 800 y 2.500 dólares por hectárea. Pretender desarrollar este territorio con un régimen agrario concebido para otras realidades productivas desconoce sus particularidades.
Colombia necesita una reforma legal integral para la Orinoquía. Esta debería permitir escalas compatibles con las inversiones requeridas, brindar seguridad jurídica sobre la propiedad rural y los predios de origen baldío, facilitar instrumentos que permitan aprovechar productivamente tierras de la Nación sin desconocer su función constitucional, promover la asociación entre inversionistas, campesinos y productores locales, y establecer mecanismos de estabilidad jurídica que permitan atraer capital de largo plazo.
Precisamente las restricciones de escala, los vacíos normativos y la imposibilidad de regularizar determinadas situaciones consolidadas hoy constituyen algunos de los principales obstáculos para la inversión. También es necesario revisar aspectos del régimen de restitución de tierras, porque aunque la reparación integral de las víctimas es incuestionable, esta debe coexistir con seguridad jurídica y debido proceso. Se deben discutir mecanismos como la doble instancia, el reconocimiento de inversiones y mejoras, alternativas que permitan garantizar la reparación efectiva de la víctima y, al mismo tiempo, proteger a quienes hayan actuado de buena fe.
Mato Grosso demostró que territorios considerados difíciles para la agricultura pueden transformarse mediante tecnología, infraestructura, escala e inversión. Colombia tiene la oportunidad de construir su propio modelo sostenible, incluyente y jurídicamente seguro.
El potencial está ahí y existe una decisión política para aprovecharlo. Ahora es necesario adecuar las instituciones y leyes a esa realidad. Llegó la hora de la Orinoquía.
*Contenido elaborado con apoyo de Ramírez y Cardona Abogados