Durante los meses previos a las jornadas electorales en Colombia, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades advierten sobre las prácticas que ponen en riesgo la transparencia del voto. Sin embargo, muchas de estas conductas que castiga la ley se repiten. En algunos casos por desconocimiento y en otros por la normalización de prácticas ilegales.
Actualmente el Código Penal colombiano tipifica 16 delitos electorales que van desde la compra de votos hasta la alteración de resultados y el constreñimiento al sufragante. No son conductas exclusivas de equipos políticos o candidatos. Ciudadanos y servidores públicos también pueden incurrir en ellas.
La compra de votos sigue siendo el delito electoral más frecuente en Colombia. Un fenómeno que, según el exregistrador Juan Carlos Galindo, se ha arraigado en varias regiones del país por razones históricas y sociales.
“Esto viene de hace mucho tiempo. A la gente le dan el tamal, el sancocho o la teja y cree que eso es normal. Lo que no sabe es que se trata de una compra y venta de votos, y eso es un delito”, explicó.
Las cifras oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil reflejan este problema. Entre 2010 y 2025 se registraron 19.447 delitos electorales en Colombia, de los cuales 4.081 corresponden a compra de votos.
Otra práctica recurrente es el fraude en la inscripción de cédulas, con 3.955 casos en los últimos 15 años. Este delito ocurre cuando el documento se registra en un municipio distinto al de residencia para favorecer a un candidato, una modalidad conocida como trasteo de votos.
También es común el constreñimiento al sufragante, con 2.491 casos registrados durante ese periodo de tiempo, concentrados sobre todo en zonas afectadas por el conflicto armado, donde grupos ilegales presionan o condicionan el sentido del voto.
Por regiones, Antioquia encabeza el listado con 1.961 casos, seguida de Bogotá (1.869), Cundinamarca (1.632), Santander (1.317) y Tolima (1.014). Según el informe, 2023 fue el año con más delitos electorales en el marco de las elecciones regionales.
Los 16 delitos que castiga la ley
1. Corrupción al sufragante (compra de votos)
Ofrecer o recibir dinero, bienes, alimentos o favores a cambio del voto.
2. Constreñimiento al sufragante
Presionar, amenazar o intimidar a una persona para que vote o se abstenga de hacerlo.
3. Fraude al sufragante
Engañar al votante para inducirlo al error, incluso mostrándole mal cómo votar.
4. Perturbación del certamen democrático
Obstaculizar o alterar el normal desarrollo de la jornada electoral.
5. Voto fraudulento
Votar sin estar habilitado, hacerlo más de una vez o suplantar a otra persona.
6. Favorecimiento de voto fraudulento
Facilitar que alguien vote sin cumplir los requisitos legales.
7. Inscripción fraudulenta de cédulas, también conocido como trashumancia o trasteo de votos
Registrar el documento en un lugar distinto al de residencia para alterar el resultado.
8. Designación irregular de jurados de votación
Manipular el nombramiento de jurados con fines políticos.
9. Mora en la entrega de documentos electorales
Retrasar sin justificación la entrega de material electoral.
10. Destrucción, ocultamiento o alteración de material electoral
Dañar, desaparecer o modificar tarjetones, actas o formularios oficiales.
11. Alteración de resultados electorales
Cambiar cifras o datos oficiales para beneficiar a un candidato o lista.
12. Elección ilícita de candidatos
Permitir que resulten elegidas personas que no cumplen los requisitos legales.
13. Intervención indebida en política
Usar el cargo o recursos públicos para favorecer campañas o candidatos.
14. Financiación prohibida de campañas
Recibir recursos de fuentes ilegales o no autorizadas.
15. Violación de topes de gastos electorales
Superar los límites de financiación o falsear los informes de ingresos y gastos.
16. Retención ilícita de cédulas
Quitar o retener documentos de identidad para impedir o condicionar el voto.
La ley sí se aplica
Contrario a la percepción de impunidad, la Registraduría señala que en el 99 por ciento de los casos identificados como delitos electorales se aplicó la ley. Todas estas conductas pueden derivar en condenas de cárcel, además de sanciones económicas y disciplinarias.
Las autoridades insisten en que conocer estos delitos no es solo una obligación para campañas y funcionarios, sino para todos los ciudadanos.
Casos emblemáticos en Colombia
El caso más mediático es el de Aida Merlano, condenada por liderar una red de compra de votos en las elecciones legislativas de 2018. La justicia probó la entrega sistemática de dinero a cambio de sufragios, la organización de una estructura para movilizar electores y el uso de recursos ilegales. La sentencia, superior a 15 años de cárcel, convirtió el caso en el símbolo más notorio de cómo una maquinaria electoral puede derivar en una condena penal.
Otro caso relevante fue el de José Amiro Morón Núñez, condenado a 100 meses de prisión por delitos electorales relacionados con la inscripción irregular de cédulas y la manipulación del censo electoral. La justicia concluyó que se utilizaron mecanismos ilegales para incidir en los resultados de la elección municipal.
