En Cúcuta, Cecilia Quintero, una mujer mayor, pasó semanas reclamando un fármaco esencial para su hijo y murió en un dispensario mientras esperaba que se lo entregaran. Quintero se desvaneció en el lugar y, aunque intentaron reanimarla, no lograron salvarla.
En Bogotá, Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia, perdió la vida después de meses sin recibir el emicizumab que lo mantenía estable, pese a que su EPS estaba intervenida. Ambos nombres recorrieron titulares nacionales e internacionales, y dejaron de ser hechos aislados para convertirse en el retrato más doloroso de un sistema que se resquebraja.
Hoy, la crisis de la salud en Colombia ya no es una discusión técnica ni un pulso ideológico: es una realidad que se mide en días de espera, en tutelas acumuladas y, en los casos más dramáticos, en muertes que pudieron evitarse.
En 2025, la Superintendencia Nacional de Salud reportó 2.048.435 quejas y reclamos contra el sistema: el equivalente a tres quejas por minuto. Pero este deterioro también tiene cifras financieras: la deuda acumulada de las EPS con clínicas, hospitales y proveedores supera los 32 billones de pesos. El sistema cerró el año 2025 con pérdidas estimadas en 7,3 billones de pesos y un déficit patrimonial que alcanzó los -15,8 billones.
Asimismo, más del 45 % de los afiliados quedó en EPS intervenidas o en liquidación. Y las tutelas superaron las 300.000 al cierre del 2025 con tiempos promedio de espera que escalaron a 131 días para medicamentos y 92 días para citas con especialistas. Detrás de cada número hay un paciente.
Este 8 de marzo los electores, además, decidirán con su voto al Senado y a la Cámara de Representantes, quiénes definirán el rumbo del modelo de salud para los próximos cuatro años.
El Congreso y la reforma
En el centro del debate está la reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes con el respaldo de congresistas como Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), uno de los críticos más duros del modelo de aseguramiento y de las utilidades de las EPS; Martha Lisbeth Alfonso Jurado (Pacto Histórico), coordinadora ponente y una de las voces técnicas que defendió el tránsito hacia un esquema con mayor control estatal y giro directo, y María Eugenia Lopera Monsalve (Partido Liberal), quien se apartó de sectores de su colectividad para acompañar la iniciativa.
A ellos se sumaron otros defensores en el Senado como Martha Isabel Peralta Epieyú, Wilson Arias Castillo y Ferney Silva Idrobo, quienes sostuvieron que la intermediación financiera es el núcleo de la crisis y que la Administradora de los Recursos del Sistema —ADRES— debe asumir un rol central en el manejo directo de los recursos.
En el Senado, sin embargo, la iniciativa se hundió en la Comisión Séptima, en donde lideró la oposición con Norma Hurtado Sánchez (Partido de la U), cuya ponencia alternativa fue clave para frenar el avance del proyecto y quien insistió en ajustes concertados sin desmontar el modelo mixto; Honorio Miguel Henríquez Pinedo (Centro Democrático) y Alirio Barrera Rodríguez (Centro Democrático), férreos críticos de lo que calificaron como una estatización riesgosa.
Todos estos nombres hoy vuelven a figurar en el tarjetón de 2026 en sus respectivas listas. Pero este pulso que dividió al Congreso no terminó en la Comisión Séptima: ahora se traslada a las urnas.
Tiempo que vale oro
Yolima Méndez, presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana), señala que la crisis está afectando “profundamente a pacientes con cáncer en general, que requieren atenciones periódicas y tratamientos oportunos y continuos. El sistema no está pudiendo garantizar esta continuidad”.
En 2025, la fundación encuestó a 333 pacientes con cáncer en la sangre. El 77 % reportó dificultades para acceder a servicios de salud, y aseguraron que la principal barrera fue la entrega de medicamentos (35 %), seguida por el acceso a citas con especialistas (18 %) y demoras en autorizaciones (12 %).
En ese sentido, el programa SEBAS (Solución y Evidencia de Barreras de Acceso en Salud) registró 500 barreras en 2025 reportadas por 292 pacientes con leucemia, linfoma, mieloma múltiple y otros cánceres hematológicos. Siete de cada diez quejas obedecían a la inoportunidad en la entrega de medicamentos.
El tiempo promedio de espera fue de 79 días, con extremos que llegaron a 445 días. “Eso no se compadece con la condición de pacientes que padecen enfermedades de rápida progresión”, advirtió Méndez, quien recalcó que “un paciente que no recibe su tratamiento con la intensidad, dosis y frecuencia indicada se expone a mayor riesgo de recaída, complicaciones y muerte evitable”.
En los últimos meses, la fundación ha conocido tres casos recientes de leucemia aguda en mayores de 18 años que fallecieron por inoportunidad en su tratamiento. Uno de ellos fue un hombre de 31 años en Ibagué, diagnosticado con leucemia mieloide aguda. Su médica advirtió la falta de citarabina en el Hospital Federico Lleras, medicamento esencial para iniciar el protocolo de inducción, pero el retraso impidió comenzar la quimioterapia a tiempo. El paciente recayó y murió.
Para Méndez el problema es estructural: “Nuestro sistema está desfinanciado. Si no fluyen adecuadamente los recursos a lo largo de toda la cadena, al final el más perjudicado es el paciente”. Méndez pide giro directo y oportuno a las IPS oncológicas, eliminación de autorizaciones innecesarias, fórmulas con vigencia extendida y priorización absoluta de enfermedades de rápida progresión.
La “odisea diagnóstica”
En el universo de las enfermedades raras, el tiempo también es determinante. Colombia registra 104.311 personas vivas con enfermedades huérfanas, según el SISPRO, y 2.273 patologías identificadas oficialmente. Sin embargo, como advierte Diego Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER), las cifras no alcanzan a describir la magnitud del problema.
Entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 20.000 reclamaciones relacionadas con enfermedades huérfanas, con un promedio mensual de 2.000 a 2.500 casos. Las principales causas: negación o retraso en tecnologías en salud, demoras en medicamentos, dificultades para acceder a citas especializadas y trabas en autorizaciones.
Los datos de la Superintendencia muestran concentraciones preocupantes: 8.389 reclamaciones en Nueva EPS; 7.014 en Sanitas; 4.618 en Salud Total y 4.585 en SURA. A ello se suma la mortalidad: en 2025 se reportaron 2.288 fallecimientos asociados a enfermedades raras.
“No todas pueden atribuirse directamente a fallas del sistema, aclaró Gil, pero en un contexto de barreras de acceso estas cifras obligan a analizar con mayor profundidad lo que está ocurriendo”.
FECOER ha advertido inconsistencias en los registros: mientras un corte del Ministerio reportaba 536 fallecimientos asociados a afiliados de Nueva EPS, en el SISPRO solo aparecían 60 casos vinculados a esa entidad y más de 2.000 en la categoría “no definido”. “Sin datos claros y trazables es muy difícil identificar fallas y tomar decisiones”, señaló.
Gil habla de la “odisea diagnóstica”: pacientes que pasan años consultando múltiples especialistas antes de recibir un diagnóstico correcto. Durante ese tiempo, la enfermedad avanza sin tratamiento. El resultado puede ser daño irreversible, discapacidad prevenible o muerte prematura.
PQRs debordadas
Desde Pacientes Colombia, Dennis Silva tiene una lectura frontal. “Desde la llegada del Gobierno del presidente Petro se evidencia un deterioro del sistema de salud”, afirmó. “Antes del 2022 teníamos problemas, pero jamás en las dimensiones actuales”.
Silva sostiene que en 2025 murieron más de 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas y señala rebrotes en enfermedades que estaban controladas, impactando a pacientes vulnerables.
“La crisis se incrementó en las EPS intervenidas. Las PQRS están desbordadas, las tutelas están sin control”. La Nueva EPS, asegura, dejó de revisar más de 120.000 nuevas tutelas y hay cientos de PQRS con más de 400 días sin respuesta. “Hoy pacientes con todas las enfermedades son víctimas de la crisis explícita”.
Silva cuestiona tanto al Gobierno como a sectores políticos. Critica la afirmación oficial de que los recursos son suficientes y pregunta: “Si de cada 100 pesos solo se gastan 86 y el Gobierno administra el 51% del sistema, ¿qué están haciendo con los dineros de la salud?”.
Cada uno de estos líderes, que viven día a día las injusticias y penurias a causa del declive del sistema de salud, son fieles testigos del sufrimiento de millones de personas y familias que cuentan los minutos para que los nuevos legisladores velen y respeten el derecho a la salud de todos los colombianos.
*Contenido en alianza.