Colombia enfrenta grandes desafíos en conectividad, competitividad y desarrollo regional, sobre todo en territorios donde las dificultades de acceso encarecen el transporte y limitan las oportunidades. Desde la Federación Nacional de Departamentos, ¿cuáles deberían ser la prioridades?
Didier Tavera: La necesidad que tienen hoy las regiones es proyectar las obras de infraestructura como un sistema que conecte producción, servicios y oportunidades. Una vía terciaria pierde buena parte de su valor si no se articula con la red secundaria, y una carretera departamental resulta insuficiente si no tiene continuidad hacia los grandes corredores nacionales, puertos, aeropuertos o los modos férreo y fluvial. Por eso, las prioridades deberían ser: recuperar y mantener la infraestructura existente, porque muchas regiones no necesitan solo nuevas vías, sino transitabilidad permanente y resiliencia frente al cambio climático; cerrar los corredores estratégicos que conectan las zonas productivas con los centros de consumo y exportación, y avanzar hacia la intermodalidad, integrando carreteras, ferrocarriles, ríos, aeropuertos y plataformas logísticas.
La viabilidad de dichas iniciativas se fundamenta en la adopción del esquema técnico propuesto por la FND en el Libro Blanco, denominado modelo Bottom-up. Este enfoque transforma el paradigma de estructuración centralista hacia una articulación construida desde las regiones y con sus actores, garantizando una convergencia institucional efectiva que maximice el impacto socioeconómico y consolide las metas de integración nacional.
También debemos cambiar la forma de priorizar. No basta con medir tráfico o rentabilidad financiera: es necesario incorporar el aislamiento geográfico para el caso, por ejemplo, de los antiguos territorios; los costos logísticos, la conectividad rural, la seguridad alimentaria y el potencial productivo de cada región. Colombia debe planear la infraestructura teniendo en cuenta la visión, necesidades y prioridades de los territorios.
La llegada del nuevo Gobierno abre oportunidades para fortalecer la relación con los departamentos. ¿Cómo trabaja la FND para que las necesidades de los territorios se traduzcan en una agenda concreta de proyectos viales, con compromisos institucionales, recursos definidos y mecanismos de seguimiento?
D.T.: Es notorio el cambio en la interlocución e interacción entre el Gobierno y las entidades territoriales. Valoramos y reconocemos la forma de gobernar del presidente Abelardo de la Espriella, pues desde el primer momento se ha acercado a los territorios a conocer de primera mano sus necesidades.
Por eso desde la FND hemos trabajado en el libro blanco, Las regiones proponen, en el que recogemos las necesidades departamentales plasmadas en sus planes de desarrollo, las agendas de competitividad y las prioridades identificadas mediante conversaciones regionales y análisis técnicos, para proponer así alternativas y una agenda estructurada que involucre a todos los actores.
Con el nuevo Gobierno queremos acordar un plan que identifique para cada proyecto y estrategia el nivel de maduración, la entidad responsable, las fuentes de financiación, los compromisos territoriales y nacionales y un cronograma de próximos pasos. Esperamos que esa agenda se refleje en el Plan Nacional de Desarrollo, su Plan Plurianual de Inversiones, los presupuestos anuales y los instrumentos de concurrencia.
Asimismo, desde la FND hemos acompañado los ejercicios de construcción participativa que adelanta el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en las regiones, con el propósito de aportar a la formulación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Estos espacios son muy importantes para incorporar la visión y las prioridades de los departamentos, en el entendido de que la planeación nacional debe construirse en armonía con los planes departamentales de desarrollo.
Nuestro interés es que el plan reconozca el papel de los departamentos como articuladores entre la Nación y los municipios, fortalezca sus capacidades fiscales e institucionales y avance en la profundización de la descentralización y la autonomía territorial.
Garantizar la sostenibilidad de los recursos es uno de los grandes retos de la infraestructura en Colombia. ¿Qué alternativas de financiación y qué ajustes en la distribución considera pertinentes para que los territorios con mayores rezagos viales puedan avanzar sin depender solo de su capacidad fiscal?
D.T.: El país necesita una arquitectura financiera que combine recursos nacionales, territoriales, privados y de crédito. El Presupuesto General de la Nación y el Plan Plurianual de Inversiones de ben asegurar recursos estables para los corredores estratégicos, el mantenimiento y los nuevos proyectos de impacto regional, especialmente los intermodales. A ello pueden sumarse fuentes como regalías, obras por impuestos, créditos de desarrollo, cooperación internacional, vigencias futuras y asociaciones público-privadas.
Además, desde la FND hemos insistido en la imperiosa necesidad de suprimir el requisito de garantía de la Nación para las operaciones de crédito con traídas con la banca multilateral o internacional.
Para ello, se requiere actualizar el marco legal vigente, con énfasis en las Leyes 358 de 1997 y 2155 de 2021, de modo que las entidades territoriales puedan apalancar sus macroproyectos de logística y movilidad intermodal mediante financiamiento de largo plazo, emisión de bonos temáticos y el respaldo de sus ingresos propios, bajo estrictos parámetros de responsabilidad fiscal. Las regiones poseen un potencial financiero que debe ponerse al servicio del desarrollo local.
La asignación debe orientarse hacia cómo lograr que las regiones sean más competitivas según sus vocaciones productivas, teniendo en cuenta sus particularidades y especificidades como el rezago vial, la dispersión rural, las condiciones geográficas, la exposición climática, los costos logísticos y el impacto sobre las cadenas productivas.
¿Qué cambios se requieren para que los departamentos puedan participar de forma más activa en la consecución de los proyectos de infraestructura?
D.T.: La descentralización solo es real cuando cada competencia viene acompañada de autonomía, recursos, capacidades e instrumentos de decisión. Por eso, el desarrollo de la Ley de Competencias debe precisar qué corresponde a la Nación, qué pueden asumir los departamentos y cuál es el papel municipal en la conectividad rural.
Desde la FND hemos hecho varios ejercicios técnicos e identificado que un punto de partida puede ser que la Nación lidere la definición de la política pública, la regulación y la responsabilidad sobre los grandes corredores nacionales. Los departamentos deben fortalecer su función como planificadores de la conectividad regional, articuladores de las redes municipales y ejecutores de proyectos supramunicipales. Pero esa responsabilidad debe acompañarse de financiación suficiente y permanente. No podemos seguir descentralizando obligaciones mientras los recursos y las decisiones permanecen concentrados.
Para estas medidas es clave avanzar en el trámite de pro puestas para modernizar las normas fiscales y presupuesta les de las entidades territoriales, como lo hace el proyecto de la Regla Fiscal Subnacional, la reforma a la Ley 617 del 2000, la eliminación de garantía de la Nación para créditos externos por parte de los departamentos, la Ley de Competencias, entre otras. Una reforma muy importante que viene lideran do el Gobierno y que desde la FND celebramos es la reforma de la consulta previa, que permitirá superar cuellos de botella, generar seguridad jurídica, atraer mayor inversión, reactivar proyectos de infraestructura y promover la implementación de otros nuevos.
También proponemos que la participación departamental sea obligatoria desde la planeación de proyectos nacionales, concesiones, APP e IP que incidan sobre su territorio. Es lo que hemos mencionado como un nuevo concepto de planeación Bottom-up. Se requieren procedimientos más ágiles de viabilidad, licenciamiento y estructuración, con plazos definidos y trazabilidad. Es crucial avanzar hacia un esquema progresivo de descentralización, facultando a las entidades territoriales de mayor capacidad técnica para ejercer atribuciones más amplias, al tiempo que la administración central acompaña y fortalece a las de menor capacidad.
¿Cuál debería ser la hoja de ruta entre el Gobierno nacional, la FND y los gobiernos territoriales para acelerar las obras estratégicas, destrabar proyectos y garantizar que las inversiones se traduzcan en menores costos logísticos y mayor competitividad?
D.T.: Desde la posesión del presidente Abelardo de la Espriella y su equipo hemos tenido una comunicación fluida que ha permitido recuperar la articulación que debe existir entre todos los niveles de Gobierno, de cara a la reactivación y el desarrollo del país. En esta misma línea, venimos trabajando juntos para identificar los obstáculos en materia de aprobación, trámites administrativos territoriales, ambientales, contractuales, financieros y de consulta que afectan las iniciativas. También es importante identificar los estados de avance de los proyectos estratégicos para concertar un camino que permita agilizar y tener victorias tempranas.
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo es importante establecer prioridades comunes, como la reactivación de los proyectos para garantizar nuestra soberanía energética y la protección y mantenimiento de las redes existentes. La inversión en infraestructura es estratégica y transversal para impulsar todos los sectores: seguridad, agricultura, comercio.