Con una operación silenciosa, pero milimétrica, que pone a prueba la institucionalidad y la confianza ciudadana, Colombia se prepara para las elecciones del próximo 8 de marzo. Organizar la jornada es, ante todo, un ejercicio logístico. Desde las ciudades capitales hasta la vereda más recóndita del territorio nacional, el engranaje debe funcionar con precisión para garantizar que en las primeras horas de la mañana de ese domingo las mesas estén instaladas y las urnas listas. Detrás de esa escena aparentemente simple hay meses de planeación, trabajo, rutas dibujadas sobre mapas y reuniones de seguridad.
“Preparar un proceso para que voten más de 40 millones de colombianos en el país y en alrededor de 70 naciones en el exterior es una operación gigantesca”, explica Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional. No se trata solo de imprimir y distribuir tarjetas electorales, también implica coordinar entidades, prever contingencias jurídicas que puedan modificar calendarios y garantizar que cada puesto cuente con jurados capacitados y el material completo.
Desde el departamento de Nariño, Manuel Ricardo Ruales Realpe, delegado departamental de la Registraduría, advierte que la planeación está sujeta al clima, los ríos y otros factores. “Hay puestos donde el material debe salir hasta con cuatro días de anticipación. Se transporta en botes, en balsas, a lomo de mula y, muchas veces, en la espalda del personal”, explica. Antes de cada jornada, los registradores municipales consultan con presidentes de juntas de acción comunal si el camino está transitable o si el río amenaza con crecer.
Una lluvia a destiempo puede cambiar toda la logística. El orden público también es una variable permanente. “En algunos territorios hay limitaciones de movilidad. Por eso se hace un trabajo articulado con la Fuerza Pública y, en ciertos lugares, con guardias indígenas y comunitarias”, añade Ruales Realpe. La regla es anticiparse y, si el riesgo persiste, incluso se evalúa la posibilidad de trasladar el puesto de votación.
UNA MESA QUE LO CAMBIA TODO
En el cabildo menor El Diviso, del resguardo indígena Santa Rosa de Sucumbíos, ubicado en el municipio de Ipiales, Nariño, la democracia tiene rostro propio. Aquí vive José Fernando Uparela Ochoa, docente, guardia indígena y secretario comunitario.
“Soy el único profesor. Este año tengo cuatro estudiantes en tercero, cuarto y quinto”, cuenta. comunidad (72 personas, 28 familias) está más cerca de Mocoa o La Hormiga que de Ipiales, aunque pertenece administrativamente al departamento de Nariño. Para votar al Congreso, José debe viajar varias horas hasta La Hormiga.
Describe el ambiente como una “calma tensa” y advierte que no percibe presiones directas para el día de elecciones: “Siempre hay Ejército, jurados y personal de la Registraduría. La decisión final depende de cada persona”. En su resguardo se instala una sola mesa. Puede parecer poco, pero es suficiente para que, por unas horas, el Estado llegue hasta la selva y la frontera deje de sentirse lejana.
En territorios así, el día electoral es más que un trámite, es un acto de pertenencia. La llegada de los funcionarios, la instalación de la mesa y la fila frente al salón comunal son señales visibles de que la institucionalidad no solo se queda en palabras de los empleados públicos.
LA TAREA ES DE TODOS
En Los Santos, Santander, la preparación tiene otro ritmo, pero la misma responsabilidad. Su alcalde, Diego Armando Mendoza, habla desde la institucionalidad: “Los alcaldes no podemos hacer política, pero sí garantizar la logística. Ya suscribimos los contratos para apoyar a la Registraduría y tenemos comité de seguridad”.
Con cerca de 15.000 habitantes y unos 9.000 habilitados para votar, el municipio espera alrededor de 5.000 sufragantes. “Somos un municipio seguro, aunque siempre existen riesgos. Todo debe hacerse conforme a la norma”, afirma. No reporta problemas de inscripción ni de censo electoral y asegura que el proceso avanza con normalidad.
La organización electoral no es tarea exclusiva de la Registraduría, involucra alcaldías, gobernaciones, la Policía, el Ejército, la Armada, el Ministerio del Interior, los organismos de control, entre otras entidades. La coordinación es compleja y exige que todos actúen en sincronía.
PONEDERA, UN TERMÓMETRO PARA LAS INSTITUCIONES
El pasado 1 de febrero, las elecciones atípicas en Ponedera, en el departamento del Atlántico, se convirtieron en una prueba concreta de esa coordinación. Más allá del resultado político, la jornada sirvió para medir el desempeño de cada eslabón del proceso electoral: desde la custodia de los kits hasta el escrutinio final.
El día comenzó antes del amanecer, con la entrega de las cajas selladas que habían permanecido bajo resguardo oficial. Cada kit (con tarjetas electorales, actas, listados, cuadernillos guías, certificados electorales, entre otros) fue trasladado a su puesto correspondiente con acompañamiento de la Fuerza Pública y bajo cadena de custodia documentada.
En las mesas, jurados y testigos electorales verificaron que las urnas estuvieran vacías antes de sellarlas, previa firma de los jurados en el acta electoral. A las 8 de la mañana en punto se abrieron las urnas. La verificación de identidad, el registro en actas y, en algunos casos, los controles biométricos hicieron parte del engranaje diseñado para blindar la transparencia.
A las cuatro de la tarde comenzó el cierre: destrucción del material sobrante, conteo de votantes para que coincidiera con los votos en urna y clasificación pública de cada sufragio en presencia de testigos. En un municipio pequeño, donde la política se vive de manera cercana y cualquier irregularidad se magnifica, la fortaleza institucional se mide en el cumplimiento estricto del protocolo.
Lo ocurrido en Ponedera demostró que una elección no solo es una disputa entre candidatos, sino una operación sincronizada entre Registraduría, autoridades locales, Fuerza Pública y ciudadanos que asumen el rol de jurados.
El clima, la geografía, la seguridad y la infraestructura son variables que no aparecen en la tarjeta, pero definen el proceso. En algunos lugares el desafío es que el kit electoral llegue; en otros, que la energía no falle o que la conectividad permita transmitir resultados. Votar en Colombia sigue siendo una hazaña logística que se renueva en cada elección.