La legitimidad de los resultados en Colombia no depende de un software, sino de las personas. Rafael Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional, es enfático al señalar que la entidad solo “gerencia y administra”, pero el proceso real lo hacen los ciudadanos. “Si yo dudo de los jurados de votación, estoy dudando de mi vecino, de mi familiar o de mis amigos”, afirma Vargas subrayando que desconfiar del sistema es, en esencia, desconfiar de la sociedad misma.
Esta visión técnica coincide con la experiencia en territorio. Jesús Eduardo Arbeláez, quien ha sido jurado en Manizales en cinco ocasiones, confirma que la transparencia se percibe en la mesa de votación. “Todo fue muy limpio... nunca recibí presiones de la Registraduría para alterar resultados”. Su testimonio humaniza la afirmación de Vargas, demostrando que detrás de cada acta hay un ciudadano velando por la honestidad del conteo.
El sorteo y la capacitación
Para garantizar que estos ciudadanos no actúen bajo sesgos, la selección es estrictamente aleatoria. Tatiana Sarmiento, ex técnica administrativa de la entidad, explica que la base de datos se alimenta de listas provistas por empresas públicas, privadas e instituciones educativas y organizaciones políticas “No es la Registraduría la que carga los datos, las entidades lo hacen directamente a un sistema donde se realizan sorteos frente a la Procuraduría y la Alcaldía para asegurar que no haya manipulación”.
Una vez elegidos, el reto es la preparación. Sarmiento destaca que la capacitación busca asegurar que cada jurado entienda que, durante ese día, ellos son la autoridad máxima en su mesa. Arbeláez recuerda este proceso como una transición de roles, desde ser elegido como estudiante hasta participar como docente, siempre bajo la misma rigurosidad técnica y el incentivo de ley por su servicio civil.
Finalmente, el sistema colombiano se protege mediante la trazabilidad física. Mientras el software facilita la consolidación rápida de datos, el valor legal reside en el documento físico. Vargas aclara que “a través del software no se pueden alterar los resultados porque los datos están consignados en actas a mano”.
Esta dualidad permite que, ante cualquier duda razonable, las comisiones escrutadoras puedan recurrir al recuento voto a voto. Así, el ciclo de confianza se cierra cuando un ciudadano cuenta el voto, otro lo consigna en un acta física y, si es necesario, otros ciudadanos (que son jueces de la República en su mayoría) vuelven a verificar el papel, manteniendo la tecnología como una herramienta de apoyo y no como el juez final de la voluntad popular.