¿Hasta dónde pueden llegar los funcionarios públicos sin cruzar la línea de la participación política indebida? La pregunta volvió al debate público tras las recientes advertencias de la Procuraduría General de la Nación, que puso el foco sobre el papel de los altos cargos del Estado a medida que se acercan las elecciones.
Aunque parece un tema amplio, el procurador Gregorio Eljach llamó la atención sobre un punto específico: el uso de escenarios y herramientas institucionales dentro de la campaña política. El mensaje no estuvo dirigido únicamente al presidente Gustavo Petro, sino a ministros y demás funcionarios que tienen límites definidos frente a su participación en asuntos electorales.
La discusión gira alrededor de una frontera que en tiempos de campaña suele generar controversia, pues expresar opiniones o defender la gestión de un gobierno es muy distinto a utilizar el peso del cargo para influir en la contienda política.
“Estoy aquí para advertir a todos los servidores públicos y a los contratistas del Estado que la ley prohíbe, de manera tajante, cualquier tipo de participación indebida en política”, aseguró Eljach.
Desde la Procuraduría se ha recordado que la participación indebida incluye conductas como utilizar el cargo para intervenir en actividades o controversias políticas, presionar a subordinados o ciudadanos para respaldar campañas, usar recursos o bienes públicos con fines electorales y aprovechar información o herramientas institucionales para favorecer determinadas candidaturas o causas políticas.
El llamado también hace referencia al uso de escenarios oficiales. “Es improcedente el uso de las plataformas o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”, precisó Eljach.
La advertencia no está enfocada únicamente en sancionar posibles irregularidades. Desde la Procuraduría insisten en que la prioridad es anticiparse a los riesgos y fijar reglas claras antes de que escalen los conflictos durante la campaña. “El efecto disuasorio no se consigue exactamente con los procesos disciplinarios de punición, sino con la prevención”, insistió Eljach.
La discusión sobre este tema se agudizó recientemente cuando la Procuraduría abrió una investigación y suspendió provisionalmente a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe, por presunta participación indebida en política luego de expresar públicamente su apoyo a uno de los candidatos presidenciales. La entidad señaló que la decisión buscaba proteger el principio de neutralidad que deben mantener los servidores públicos durante el proceso electoral.