La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, emitió una nueva directriz para obligar a las entidades estatales a reportar sanciones, multas e incumplimientos de contratistas ante las cámaras de comercio, la Procuraduría General de la Nación y el sistema SECOP, luego de detectar fallas que permitían que proveedores con antecedentes negativos siguieran contratando con el Estado.
La medida quedó establecida en la Circular 002 del 5 de mayo de 2026 y aplica para todas las entidades públicas, sin importar su régimen de contratación. Entre las obligaciones están reportar declaratorias de caducidad, incumplimientos, inhabilidades, multas y sentencias condenatorias relacionadas con contratistas estatales.
El ajuste surge tras una consultoría desarrollada entre Colombia Compra Eficiente y el Banco Mundial, donde se identificó un “preocupante subregistro” de sanciones e inhabilidades dentro de los sistemas oficiales.
Según el informe, muchas entidades no estaban reportando adecuadamente esta información, lo que generaba riesgos para la transparencia y permitía que empresas con antecedentes negativos siguieran participando en procesos públicos.
La entidad advirtió que esta omisión puede derivar en responsabilidades disciplinarias para funcionarios públicos encargados del reporte. Además, recordó que la Ley 80 de 1993 establece que los contratistas sancionados o inhabilitados pueden quedar impedidos para contratar con el Estado durante períodos de tres a cinco años, dependiendo del caso.
Uno de los principales problemas identificados es que la falta de interoperabilidad entre bases de datos y registros oficiales dificulta verificar antecedentes completos de los proveedores antes de adjudicar contratos.
Con la circular, el Gobierno busca fortalecer los mecanismos de control sobre las compras públicas y evitar prácticas asociadas con corrupción o reincidencia contractual. La información deberá quedar registrada en plataformas como el Registro Único Empresarial y Social (RUES), administrado por las cámaras de comercio, además del SECOP y la Procuraduría.
La medida aparece en un momento donde distintos organismos de control vienen insistiendo en la necesidad de fortalecer trazabilidad, supervisión y transparencia dentro de la contratación estatal, especialmente en contratos relacionados con infraestructura, salud y ejecución regional.