En la noche de este viernes, 27 de febrero, el Congreso de Argentina aprobó la reforma laboral que propuso el presidente Javier Milei, la cual modifica aspectos clave de la relación entre empleador y empleado.
Las votaciones de esta legislación se dieron en medio de protestas y movilizaciones sociales que sostienen que el proyecto es perjudicial para los trabajadores.
Los sindicatos y organizaciones sociales que están en contra de la Ley de Modernización Laboral del Gobierno defienden que esta elimina derechos de los empleados y favorece a los empresarios.
A grandes rasgos, la iniciativa presenta cambios en el régimen de la indemnizaciones por despido sin causa, esta ley también abre la oportunidad de que se modifique la jornada laboral y el periodo de las vacaciones; modifica los derechos de huelga y protesta; prevé cambios en los contratos; e incluye medidas para impulsar la inversión a pequeñas y medianas empresas.
La indemnización por despidos sin causa es el principal eje de la ley, que mantiene ese pago pero modifica las bases de cálculo, es decir, el pago será mucho menos, pues se recortan los aguinaldos, premios no habituales y bonos por objetivos. También establece un tope máximo y le permite a las medianas empresas hacer el pago hasta en 12 cuotas.
La ley también incluye un nuevo sistema para el pago de las horas extra, que consiste en que ambas partes acuerden compensaciones, respetando el descanso legal entre jornadas y el máximo de horas trabajadas durante la semana. Se le suma que se habilita la posibilidad de extender la jornada hasta 12 horas, pero sin afectar el tope semanal.
En conjunto, estas dos modificaciones en mención hace que sea mucho más barato para el empleador despedir a su personal o los costos que invierte en cada trabajador.
Los trabajadores ahora enfrentan un límite en su derecho a la huelga, pues las asambleas podrán tener lugar siempre y cuando sea aprobado por el dueño de la compañía. Al tiempo, la ley obliga a garantizar una prestación del 75 % en los sectores esenciales, como en educación, salud, transporte, energía y agua.
El Senado la aprobó con 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, a pesar de la resistencia de los sindicatos.