Bolivianos protestan contra el gobierno y amenazan con iniciar proceso para revocar el mandato

Miles de opositores de la ciudad boliviana de Santa Cruz le exigieron este miércoles 25 de enero al presidente izquierdista Luis Arce amnistiar al gobernador Luis Fernando Camacho y otros presos políticos y, si no lo hace, impulsarán la revocación de su mandato.

Los opositores se reunieron en un cabildo en una plaza de la ciudad de Santa Cruz, la más poblada del país, para aprobar propuestas sugeridas por el Comité Cívico regional, un influyente conglomerado civil-empresarial. El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, leyó varias propuestas para que la ciudadanía responda de manera afirmativa o negativa.

Una de ellas fue si Santa Cruz está de acuerdo con exigirle a Arce que “instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía, para que en un plazo no mayor de 30 días determine la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y todos los presos políticos del país”.

La gente respondió con un estruendoso “¡sí, aprobado!”.

Luego, Calvo consultó acerca de si el gobierno no lo aceptaba, en cuyo caso impulsarán desde mayo próximo “un proceso para revocar el mandato del presidente Luis Arce”. La gente respondió, de igual manera, afirmativamente.

El gobierno del izquierdista Arce, en el poder desde noviembre de 2020 y delfín político del expresidente Evo Morales (2006-2019), no emitió ningún comentario.

Camacho fue encarcelado a fines de diciembre pasado por un periodo preventivo de cuatro meses, acusado por la Fiscalía y el oficialismo de ser el cabecilla de un denominado golpe de Estado contra Morales a fines de 2019.

La oposición también denuncia que desde la asunción de Arce unas 180 personas, entre civiles, policías y militares, están detenidas, bajo la misma acusación de haber participado en contra de Morales y haber dirigido o participado en represiones hacia afines del entonces gobernante aimara.

El cabildo también le solicitó a la asamblea regional, dominada por el partido de Camacho, una ley para conformar una guardia departamental, que reemplace a la policía que —dijeron— responde al poder Ejecutivo. Tras la masiva asamblea pública, se registraron esporádicos choques entre civiles y policías que resguardaban la comisaría del departamento, cercana al lugar del cabildo, sin dejar heridos.

En otras ciudades del país, como La Paz, Oruro (oeste), Potosí (suroeste), Cochabamba (centro) y Sucre (sureste) también se realizaron cabildos. El denominador común fue por la defensa de la democracia, la reforma de la justicia y la libertad de los presos políticos.

Gobierno peruano se defiende de acusaciones ante la ONU por excesos de fuerza

Varios países expresaron su preocupación este miércoles ante la ONU por la represión de las protestas en Perú, cuyo ministro de Justicia defendió al Gobierno afirmando que las autoridades respondieron de forma apropiada.

En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, varios países expresaron su profunda preocupación por el “uso excesivo de la fuerza” por parte de las autoridades peruanas durante las movilizaciones.

El país vive una ola de protestas desde la destitución a principios de diciembre del presidente Pedro Castillo, que ha dejado 46 muertos y que obligó al Gobierno a imponer el estado de emergencia en algunas zonas.

La actual mandataria, Dina Boluarte, que fue vicepresidenta durante el gobierno de Castillo, pidió el martes 24 de enero una “tregua” para terminar las movilizaciones, coincidiendo con una gran protesta en Lima en la que hubo enfrentamientos que dejaron varios heridos.

La situación de Perú fue abordada durante la Revisión Periódica Universal, un proceso al cual los 193 países miembros deben someterse cada cuatro años.

“Estamos convencidos de que estamos actuando de una forma apropiada para defender la democracia y los derechos humanos”, dijo ante el consejo en una alocución por video el ministro de Justicia, José Andrés Tello.

El ministro condenó la violencia de los manifestantes e insistió en que las acciones tomadas para restaurar el orden público fueron emprendidas en pleno cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales.

El embajador peruano ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara Chil, dijo que el Gobierno está comprometido en investigar cualquier abuso. Varios diplomáticos celebraron que el Gobierno anunciara una investigación, pero señalaron su preocupación por la persistente violencia.

La representante de Dinamarca, Astrid Ruge, expresó su preocupación “por el número de personas muertas y heridas como resultado de la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas” e instó a Perú a “limitar el uso excesivo de la fuerza”.

El embajador británico Simon Manley llamó a que haya una “respuesta proporcionada y legal a las protestas”. El representante argentino Federico Villegas urgió a Perú a que garantice el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente el derecho a reunirse pacíficamente. Las autoridades “tienen que evitar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y Fuerzas Militares durante manifestaciones pacíficas”.

*Con información de AFP.