Lima restringirá las protestas y manifestaciones en el Centro Histórico de la ciudad

La Alcaldía de Lima declaró su Centro Histórico como “zona intangible” para restringir marchas y manifestaciones políticas, en medio de la agitación social que reina en Perú desde diciembre pasado, según una disposición publicada este miércoles en el diario oficial.

El Concejo Municipal alegó que, al estar catalogado como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, el Centro Histórico de la capital peruana es “zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública”, indica la ordenanza.

Esta disposición de la Alcaldía limeña, gobernada actualmente por el ultraconservador Rafael López Aliaga, encarga además a la Procuraduría municipal y al Ministerio Público de Perú actuar ante su incumplimiento, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía.

La zona afectada, de unos 10 kilómetros cuadrados, abarca espacios como las plazas Dos de Mayo y San Martín, o avenidas como Miguel Grau, Alfonso Ugarte y Abancay, las cuales han sido escenario repetido y epicentro de las movilizaciones que desde diciembre pasado exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y un adelanto de elecciones generales.

En una de esas protestas, el pasado 28 de enero cayó abatido Víctor Santiesteban, el único manifestante fallecido en Lima del total de 48 civiles muertos en esas protestas, caracterizadas por una dura represión policial y violenta respuesta de los ciudadanos inconformes.

“La medida es para todos los que pretendan movilizarse marchando”, dijo a la emisora RPP el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien exhortó a dirigentes políticos y colectivos sociales a que “tengan la sensatez” de acatar la medida. Agregó que la orden no incluye a manifestaciones religiosas como la tradicional procesión del Señor de los Milagros por no tratarse de “concentraciones de carácter político”.

Desde 2022, en calles y pasajes del Centro Histórico limeño, aledañas al Palacio de Gobierno y a la sede del Congreso, ya la Policía había desplegado vallas metálicas para el control del orden público y contener a manifestantes movilizados. Las marchas que forzaron la caída de otros mandatarios peruanos como Manuel Merino, en 2020, y Alberto Fujimori (1990-2000), también tuvieron al Centro Histórico como escenario principal.

Denuncian a presidenta por complicidad en la muerte de seis manifestantes

Organizaciones de derechos humanos y abogados independientes denunciaron penalmente a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas de diciembre en la región Apurímac (sureste), informaron este martes los demandantes.

La denuncia sostiene que durante los primeros cinco días de manifestaciones en esa región (a 900 km de Lima), que iniciaron el pasado 7 de diciembre cuando Boluarte asumió la Presidencia, se contabilizaron “seis personas fallecidas, 83 personas heridas y decenas de personas detenidas, torturadas y víctimas de abuso de autoridad”.

“Cinco del total de los fallecidos fueron víctimas de proyectil de arma de fuego. Dos de ellas eran adolescentes y la mayor tenía solo 19 años”, agrega el comunicado del Instituto de Defensa Legal, una de las tres organizaciones que entablan la demanda.

La denuncia está dirigida contra Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, el entonces ministro de Defensa y hoy primer ministro Alberto Otárola, el exministro del Interior César Cervantes, el comandante general de la Policía Raúl Alfaro, otros dos mandos policiales y “contra quienes resulten responsables”.

El documento judicial, que fue entregado el lunes a la Fiscalía de la Nación, contiene material audiovisual, documentos y testimonios de víctimas “que demuestran la comisión de ilícitos penales”, aseguran los promotores.

“No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto (...) No solo los efectivos policiales, que fueron actores directos son responsables penalmente”, sino “también lo son autores mediatos”, añadieron.

La denuncia se suma a otra investigación en curso de la fiscalía peruana para determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes durante la represión de marchas el pasado 15 de diciembre en el departamento de Ayacucho (sur), donde murieron al menos ocho manifestantes. Las protestas en Perú, que estallaron luego de que Boluarte asumió el cargo en reemplazo del destituido Pedro Castillo, han dejado un saldo de 48 civiles y un policía muertos.

*Con información de la AFP.