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Corte de EE. UU. determina que hubo una relación “simbiótica” entre grupos paramilitares y Ejército colombiano

Un juez dictaminó que alias Macaco es el responsable del asesinato extrajudicial de Eduardo Estrada, un líder comunitario del Magdalena.


Informes desclasificados del Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) salieron a la luz pública recientemente tras el juicio contra Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, temido exjefe paramilitar, juzgado por el asesinato del líder colombiano Eduardo Estrada. Dichos documentos “reconocen la relación de larga data entre las fuerzas de seguridad del estado colombiano y los paramilitares”.

Así lo aseguró el diario El País, de España, en un un artículo que dio detalles sobre lo que el juez federal Edwin Torres escribió en su fallo: “Los actores estatales apoyaron activamente las operaciones del Bloque Central Bolívar BCB (que encabezó Jiménez) mediante el intercambio de inteligencia, armas y uniformes militares”.

Asegura el medio español que para llegar a esa determinación, el juez Torres se apoyó en al menos una decena de informes desclasificados de la CIA y el departamento de Estado, que fueron publicados por el portal informativo National Security Archive en diferentes momentos.

A las 00:05 del miércoles 7 de mayo, horas después de que el Consejo de la Judicatura dejó sin piso la tutela que bloqueaba la extradición de 'Macaco', el jefe paramilitar fue trasladado a un avión que lo llevó a Estados Unidos
A las 00:05 del miércoles 7 de mayo, horas después de que el Consejo de la Judicatura dejó sin piso la tutela que bloqueaba la extradición de 'Macaco', el jefe paramilitar fue trasladado a un avión que lo llevó a Estados Unidos - Foto:

Torres citó varias pruebas que señalan al Bloque Central Bolívar de operar en “una relación simbiótica” con actores estatales colombianos en el Magdalena Medio de Colombia. “La evidencia ayudó a establecer al juez de Estados Unidos que los paramilitares estaban operando bajo la apariencia de la ley cuando cometieron asesinatos y otras atrocidades, una condición necesaria para presentar un reclamo en virtud de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA) de Estados Unidos”, apunta El País, de España.

La página web del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos precisa que el juez federal Edwin Torres determinó que alias Macaco fue responsable del asesinato del líder comunitario colombiano Eduardo Estrada en 2001. El caso fue desarrollado por el Centro por la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en representación de las víctimas en Colombia. Con más de once años de preparación, los demandantes presentaron la denuncia inicial el 15 de junio de 2010.

El expresidente Álvaro Uribe extraditó a Jiménez a Estados Unidos en 2008, donde fue condenado y cumplió 11 años de una condena de 33 años por tráfico de drogas. Su extradición y la posterior decisión de Estados Unidos de enfocarse únicamente en cargos de narcotráfico, impidieron que miles de víctimas del grupo paramilitar de Macaco, el Bloque Central Bolívar (BCB), buscaran justicia por asesinatos, masacres y otros actos de violencia. En 2019 Jiménez fue liberado y repatriado a Colombia, donde fue arrestado de inmediato por cargos de homicidio y conspiración.

La web del Archivo de Seguridad Nacional asegura que el profesor de la Universidad de Toronto Luis Van Isschot citó una serie de pruebas desclasificadas para ilustrar el patrón de cooperación de larga data entre los grupos paramilitares ilegales y los actores estatales colombianos, incluida una publicación del año 2007 de este archivo estadounidense, en el que se argumentan los vínculos del ejército colombiano con el grupo paramilitar conocido como Triple, a finales de la década de 1970 y registros relacionados con la masacre de febrero del año 2000, en El Salado, departamento Bolívar.

Los registros adicionales muestran que los funcionarios estadounidenses tenían serias dudas sobre si el ejército colombiano tenía algún interés en combatir a los grupos paramilitares que consideraban aliados de facto contra los insurgentes de izquierda.

El juicio civil contra Macaco es un primer paso importante en la demorada búsqueda de justicia por las atrocidades cometidas por el Bloque Central Bolívar BCB. Así lo aseguró Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, que representa a los demandantes en Colombia, en una nota de prensa el pasado 28 de septiembre. Sostuvo que realmente esperan que la decisión de la Corte Federal en Florida contribuya a los esfuerzos de rendición de cuentas por los asesinatos del BCB y también envíe un mensaje contundente a las víctimas colombianas de abusos a los derechos humanos para no perder la esperanza.

“Esta es una victoria para la verdad. Después de más de una década de litigio y más de mil páginas de pruebas, incluidas declaraciones de Macaco, admisiones de ex paramilitares en declaraciones, informes periciales y testimonios de testigos presenciales, un tribunal reconoció los hechos que rodearon el asesinato de Eduardo y detuvo al jefe de la BCB es responsable”, agregó en el mismo comunicado Claret Vargas, abogado senior del Centro por la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA).

Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, fue deportado nuevamente a los Estados Unidos en el 2019. El pasado 18 de marzo la Fiscalía de Colombia le atribuyó 162 hechos criminales y en diligencia de indagatoria, que fueron aceptados por él.

Dijo la Fiscalía en ese momento que “el procesado, por línea de mando, aceptó la totalidad de las conductas que le fueron presentadas en indagatoria cumplida en la cárcel La Picota de Bogotá”, se trató de una diligencia en la que también participó la defensa de Macaco un delegado especial de la Procuraduría General de la Nación y representantes de las víctimas.

La aceptación de cargos por estos hechos que dejaron al menos 250 víctimas, incluye delitos como “homicidio agravado, homicidio en persona protegida, terrorismo, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, secuestro, acceso carnal violento, acceso carnal violento en persona protegida y hurto”, explicó la Fiscalía.

En la diligencia una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos formuló cargos por crímenes investigados entre 2000 y 2004, en 10 departamentos del país: Santander, Putumayo, Risaralda, Caldas, Caquetá, Bolívar, Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Boyacá.