Corte de Guatemala confirma la exclusión del candidato favorito para las elecciones presidenciales

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) ha rechazado este viernes la apelación presentada por el partido Prosperidad Ciudadana (PC) para validar la candidatura del empresario Carlos Pineda a las elecciones de 2023, confirmando así su exclusión de la carrera presidencial en el país.

“Este tribunal hace del conocimiento que dictó auto por el que declaró sin lugar, los recursos de apelación interpuestos (...) La Corte de Constitucionalidad reitera su compromiso por la defensa del orden constitucional con estricto apego a derecho, imparcialidad y total independencia”, ha informado en un comunicado.

El pleno constitucional ha desestimado así en sesión extraordinaria la apelación presentada por su formación, después de que la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guatemala, vetara la candidatura de Pineda a las elecciones presidenciales de 2023.

Poco después de conocerse la decisión, Pineda ha afirmado en su perfil de Twitter que “ganó la corrupción”. “La CC avala el fraude electoral y pierde Guatemala y nos quedamos sin democracia”, ha precisado, instando además en otro mensaje a votar nulo.

El empresario, que está al frente de las encuestas, también interpuso dos acciones de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si bien sus intentos también fueron rechazados por el alto tribunal, ha recogido el diario ‘La Prensa Libre’.

El caso de exclusión de Pineda no es el único de cara a las elecciones presidenciales; durante las últimas semanas también han sido excluidos el candidato derechista Rafael Curruchiche, la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera y Roberto Arzú, candidato de derecha.

Human Rights Wacth (HRW) exigió a Guatemala el pasado 1 de abril a poner fin a las exclusiones “aparentemente arbitrarias” de candidatos presidenciales, debido a que ponen en riesgo la celebración de elecciones “justas y libres”.

Ministro de Defensa, Iván Velásquez, se defendió ante el Congreso sobre acusaciones en su contra provenientes de justicia de Guatemala

En abril pasado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, enfrentó una moción de censura ante la Cámara de Representantes. Entre los puntos mencionados, se tocó el tema de la situación con la justicia guatemalteca que acarrea.

El 16 de enero, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala anunció acciones legales contra el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, por hechos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht, cuando este ejercía como el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).

Velásquez, hizo parte del órgano internacional durante cuatro años, cuando su cargo no fue renovado por el presidente de ese entonces, Jimmy Morales. El actual jefe de cartera, es señalado de presuntamente avalar bajo irregularidades los acuerdos de colaborador de paz (testigo protegido) a tres exdirectivos brasileños de la constructora. La acusación provino de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), de la mano de Rafael Currunchiche.

El proceso no ha tenido mayores novedades en esos meses. Sin embargo, volvió a estar sobre la mesa en medio de la moción de censura contra el jefe de cartera, la cual terminó con una votación a favor de su continuidad en el cargo. Durante su intervención en la plenaria, Velásquez se refirió sobre esta situación. Si bien gran parte de su presentación fue sobre los resultados del programa de seguridad nacional de su gestión, hubo un punto en el cual se centró en la corrupción de Guatemala.

En primer lugar, mostró que en Guatemala la población civil apoyó el trabajo realizado por la Cicig. Recordó que cuando inició en su cargo en el Gobierno Petro, afirmó que iba a respetar la institucionalidad y no iba a intervenir en esos temas, debido a que no son su competencia.

Sin embargo, manifestó que el tema se ha vuelto tendencia y de especial atención por parte de ciertos funcionarios guatemaltecos, pero por motivos completamente diferentes a la búsqueda de justicia. Velásquez dijo que retornar el caso está siendo el escenario para que los presuntos casos de corrupción de esos políticos extranjeros sigan camuflados.

“El corrupto Ministerio Público y la corrupta Fiscalía interesados en mi renuncia, ¿Por qué no han respondido?”, afirmó el miembro del gabinete al señalar que hay funcionarios exiliados y con orden de captura vigente sobre casos de corrupción. Además, recordó que un periodista está privado de la libertad hace más de un año, luego de haber destapado información sobre ese presunto accionar delictivo.

Finalmente, cerró el tema de Guatemala al puntualizar que una fiscal del país centroamericano está condenada a 45 meses de cárcel. “A esa clase de personas son las que ustedes respaldan”, declaró el jefe de cartera ante los congresistas que convocaron la moción de censura.