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Policía de Nueva York
Cuatro adolescentes fueron arrestados y uno de los involucrados se encontraba en libertad bajo fianza. | Foto: Getty Images

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Cuatro adolescentes fueron arrestados por posesión de armas en Nueva York

Los involucrados se encontraban hospedados en un reconocido hotel de la ciudad fumando marihuana.

6 de agosto de 2022

Este sábado 6 de agosto, se conoció del arresto de cuatro adolescentes en el hotel Lower East Side de Manhattan, debido a que se encontraban con tres armas de fuego, cargadas.

Según las autoridades, tres de los involucrados fueron identificados como Jarell Swan, de 19 años; Anton Philips y Linwood Spruill, de 18, y un menor de edad, de 15.

Asimismo, se informó que el grupo de jóvenes se encontraba fumando hierba, pero todo cambió cuando una empleada de servicios generales vio un arma de fuego sobre la mesa, motivo por el cual llamó a la Policía.

Según el New York Post, los adolescentes bajaron al área de vestíbulos, sin embargo, dos agentes los interceptaron en el ascensor y le fueron encontradas dos armas de fuego debajo de sus camisas.

La tercera arma fue encontrada en la habitación en donde se hospedaron. No obstante, lo que llamó la atención en el reporte policial fue que el joven de 19 años, Jarell Swan, ya había sido arrestado por intento de asesinato, pero salió bajo fianza, tras pagar una suma de 75 mil dólares, el pasado 30 de diciembre.

Además, se reportó que Swan hace parte de una banda conocida como Babiiez, ubicada en el subconjunto de Insane Crip Gangstas en Flatbush.

Por último, los reportes oficiales indican que en la ciudad de Nueva York la violencia armada continúa desatada a lo largo de este 2022, específicamente con los jóvenes, siendo un dolor de cabeza para el alcalde Eric Adams.

Grupo inmobiliario de Nueva York acosó a inquilinos para sacarlos de sus viviendas

El pasado 5 de agosto, se conoció que el grupo inmobiliario Ink Property Group, de la ciudad de Nueva York, adquirió docenas de edificios entre los años 2014 y 2019 bajo hostigamientos y acoso a los inquilinos de renta estabilizada.

Según la fiscal general del caso, Letitia James, quienes se vieron afectados por la inmobiliaria llevaban más de 30 años residiendo en el lugar y la mayoría eran afroamericanos de bajos recursos.

Asimismo, afirmó que, luego de conseguir los edificios a un valor bajo, la idea era obtener una ganancia significativa con el precio del mercado. Sin embargo, un hecho que llamó la atención en la investigación fue que los empleados recibían jugosas bonificaciones si lograban el objetivo de desalojar a los inquilinos.

“Mientras los neoyorquinos enfrentaban alquileres altísimos y luchaban por encontrar viviendas asequibles, Ink trató de enriquecerse rápidamente, aprovechándose de los inquilinos vulnerables y sus familias”, manifestó James.

No obstante, varias personas se quejaron contra las tácticas de la inmobiliaria Ink, pero no obtuvieron ningún resultado, ya que la excusa, según la fiscal, era que las viviendas “no eran habitables”.

De igual manera, desde la oficina de James se manifestó que “Ink ignoró el sistema de mejora de apartamentos individuales (IAI) establecido en las leyes de estabilización de alquileres y, en cambio, trató cada nueva vacante como una unidad no regulada, independientemente de si las renovaciones realizadas cumplieron con los criterios para lograr la desregulación”.

Por otra parte, el grupo inmobiliario fue acusado de entregar informes de ingresos falsos a los bancos, con el objetivo de obtener préstamos más favorables, según afirmó la fiscal general.

“Mentir y tomar atajos para evadir la estabilización de alquileres es uno de los trucos más antiguos del oficio, pero los años de Ink de explotar a nuestros vecinos trabajadores sin consecuencias terminan aquí. Estos inquilinos se organizaron y lucharon, y gracias a sus esfuerzos serán compensados por el sufrimiento al que han sobrevivido”, manifestó James.

Finalmente, se conoció que Ink Property Group llegó a un acuerdo con el estado por casi 2 millones de dólares; sin embargo, deberá pagar 400 mil dólares en restitución a los inquilinos presionados para desalojar y 2.500 dólares de forma individual al inquilino que tuvo que vivir en condiciones peligrosas.