El Gobierno del peruano Pedro Castillo enfrenta una seria crisis política que el jefe de Estado ha intentado evadir de todas las maneras posibles. Sin embargo, su poco margen de gobernabilidad no le ha permitido sacar la cabeza a flote en medio de una administración que parece ir hundiéndose cada día más.
Con una inflación anual del 6,8 por ciento registrada en marzo, que afecta a la población, en especial a los campesinos y a los sectores más vulnerables, la situación está muy tensa. Además, porque los precios de los alimentos están desbordados y son el principal combustible del aumento en el costo de vida.
A esta situación se suma el bajo nivel de aceptación a la gestión de Castillo y de su Gobierno: tres de cada cuatro peruanos lo desaprueban. Y también el desbarajuste de su administración, que no ha podido consolidar ni siquiera su gabinete.
En medio de este panorama, Castillo salió a buscar un urgente salvavidas. El pasado lunes, presentó al Congreso un proyecto de ley que busca convocar a una asamblea nacional constituyente.
“La voz del pueblo es la de Dios”, dijo la vicepresidenta, Dina Boluarte, en apoyo a la iniciativa de su presidente. “La elaboración y aprobación del proyecto de nueva Constitución está a cargo de una asamblea constituyente elegida por el pueblo”, dice el proyecto entregado por el Gobierno al Congreso.
La idea de Castillo es que los peruanos voten en las próximas elecciones regionales y municipales, que se celebrarán en octubre, si desean convocar a una reforma constitucional. Según el diario peruano La República, se espera que los peruanos reciban en ese momento una papeleta en la que se les preguntaría: “¿Aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?”.
El proyecto de Castillo, más que ambicioso, es complejo y poco plausible. La actual Constitución de Perú no permite realizar asambleas constituyentes. Es por esto que el proyecto de ley presentado al Congreso busca, en primer lugar, reformar la Constitución para permitir la convocatoria de la constituyente.
Esta primer reforma constitucional debe ser aprobada por una mayoría absoluta en el Congreso, órgano en el que Castillo no cuenta con mayorías y que, de hecho, ha intentado sacarlo del cargo dos veces en procesos de vacancia o moción de censura.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien es miembro del partido de oposición, calificó el procedimiento de inconstitucional y afirmó que no lo aceptaría bajo ninguna circunstancia. Sumado a esto, un reciente sondeo presentado por el diario El Comercio muestra que solamente el 7 por ciento de los peruanos aprueba la realización de una nueva carta magna.
Castillo planea hacer una reforma constitucional que podría transformar por completo todo el aparataje político e institucional de la sociedad peruana, sin el apoyo del órgano legislativo y, mucho menos, el respaldo de la ciudadanía.
Pedro Castillo y sus defensores culpan de manera directa a la Constitución, creada en 1993 por Alberto Fujimori, de los problemas del país. Ante su incapacidad de tomar las riendas de su nación y gestionar la crisis, el Gobierno de Castillo cree que reformando el cuerpo constitucional se van a solucionar los problemas en los que se encuentra en este momento.
La iniciativa de la constituyente está sobre la mesa. Aunque la posibilidad de su aprobación es bastante baja, esta medida, poco estratégica, muestra los esfuerzos desesperados de un Gobierno que se aferra a un salvavidas desinflado.
