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EE. UU. impuso sanciones a jefa de gabinete de Bukele por multimillonario caso de corrupción

Martha Carolina Recinos de Bernal es acusada de autorizar compras sospechosas por millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y batas de hospital de empresas sin vínculos aparentes con la industria de la salud o la fabricación.


En el Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora cada 9 de diciembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones económicas a Martha Carolina Recinos de Bernal, jefa de gabinete del presidente de El Salvador Nayib Bukele, acusándola de haber dirigido “un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios”, informó este jueves la entidad americana en un comunicado oficial publicado en su página web.

El Departamento del Tesoro se dirigió a quince personas y entidades de varios países de América Central, África y Europa. Además, señaló que las acciones se tomaron de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky y la implementa y tiene como objetivo a los perpetradores de corrupción y abusos graves a los derechos humanos.

Los funcionarios corruptos señalados, así como su familia inmediata son inelegibles para entrar a los Estados Unidos. Por su parte, la salvadoreña Martha Carolina Recinos de Bernal ya tenía prohibido entrar en Estados Unidos por figurar en una lista de funcionarios corruptos publicada por el Gobierno estadounidense, en julio pasado.

El periódico El Salvador, en su versión digital, reseñó que la Embajada de Estados Unidos en este país latinoamericano anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. había designado a Osiris Luna Meza y Carlos Amílcar Marroquín Chica bajo la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos.

Luna, director de Centros penales, y Marroquín, director de tejido social, fueron señalados por Estados Unidos de encabezar en nombre del Gobierno de El Salvador negociaciones con las pandillas en un contexto electoral. De acuerdo con el medio salvadoreño, el gobierno de Bukele no ha respondido sobre los señalamientos, pero el mandatario arremetió contra la exencargada de Negocios de los Estados Unidos, Jean Manes, a quien acusó de solicitarle no reelegir al fiscal impuesto Rodolfo Delgado y concluir el proceso judicial contra el exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt, entre otras cosas.

Sobre la funcionaria, Martha Carolina Recinos de Bernal, el Departamento de Estado de Estados Unidos argumentó que “era la jefa de un esquema de corrupción multimillonario de múltiples ministerios que involucraba adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital, además de ordenar a varios ministros del Gobierno que autorizaran varias compras sospechosas relacionadas con la pandemia, incluyendo millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y millones más en batas de hospital de empresas sin vínculos aparentes con la industria de la salud o la fabricación”.

Asegura la organización americana que los funcionarios salvadoreños otorgaron millones de dólares en contratos inflados relacionados con la respuesta del gobierno a la pandemia de covid-19, lo que a su vez permitió sobornos a funcionarios del gobierno salvadoreño y algunos de los asesores del presidente Bukele.

Además, el Departamento de Estado registró que Recinos también dirigió un esquema de corrupción en el que las canastas de alimentos compradas por el Gobierno destinadas al alivio de covid-19, las cuales –dijeron– se desviaron para el uso de candidatos específicos de Nuevas Ideas para obtener apoyo en las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021. “En lugar de entregar los artículos como un servicio del Gobierno, las canastas de alimentos se utilizaron para obtener votos y apoyo en el período previo a las elecciones”, señala el documento.

Recinos está designada como un funcionario sancionado, por ser responsable o cómplice, y ha participado directa o indirectamente en casos de corrupción en El Salvador, “incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno”.