Las sorprendentes imágenes de retenes armados, quema de vehículos, ataques a estaciones de gasolina, asaltos a bancos, operativos de vigilancia en carreteras, disparos y hombres fuertemente armados a plena luz del día hicieron que la comunidad internacional reconociera lo que para los mexicanos no es una sorpresa: que el crimen organizado ejerce un poder silencioso, pero efectivo, en el país.
La fórmula del CJNG, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, entre otros, no es ajena para el público ni para los analistas colombianos. Esta combina rentas del narcotráfico (tránsito, distribución y comercialización) con otras prácticas como extorsión, robo y venta de combustible, secuestro, tráfico de armas y de personas (del sur hacia el norte), además de un control paralelo y silencioso frente al control estatal, que opera mediante el miedo, la intimidación, la coerción armada, la corrupción y la cooptación de autoridades por medio de sobornos y nóminas paralelas.
Los resultados saltan a la vista: el crimen crece y se consolida; el gasto militar ha aumentado; el Estado está inmerso en un indetenible proceso de militarización; y, al final, la población queda inerme y presa de lo que Fukuyama describe en su teoría del State Capacity: un Estado grande con baja capacidad, también descrito en la teoría de colisión Estado-crimen, donde el cogobierno es un hecho fáctico.
Al final, los gobiernos de izquierda de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han prometido un enfoque de diálogo para enfrentar al crimen organizado. Sus consignas, conocidas bajo lemas como “abrazos, no balazos”, promueven la no persecución armada de estas estructuras, principalmente amparadas en un enfoque orientado a combatir las causas sociales del fenómeno.
Sin embargo, más allá de los micrófonos, en la práctica México está inmerso en un proceso de militarización y en un crecimiento del presupuesto en seguridad y defensa cercano al 60 % en la última década, enfocado principalmente en detener y enfrentar al crimen organizado.
Elementos para considerar por Colombia
Crimen organizado y nada más. En México no están inmersos en el bizarro debate sobre guerrillas comunistas o carteles de narcotráfico; no existen sectores sociales o políticos que otorguen algún estatus político a estas organizaciones. Lo contrario ocurre en Colombia, donde numerosos sectores siguen promoviendo la idea de una lucha política legítima, aunque esto sea contrario a los datos y a la realidad territorial, pero que aún cautiva a incautos.
Enfrentar y combatir la inevitable reacción. El crimen organizado siempre crece hasta donde se le permita, coopta espacios vacíos, consolida oportunidades y se expande sin restricciones. Al final, al Estado solo le queda su capacidad militar y policial para ejercer control, ya sea en etapas tempranas o tardías, pero siempre se requerirá del hard power para establecer y garantizar el orden. Recordemos que una función esencial de los aparatos de poder del Estado no es solo actuar, sino también disuadir.
Crimen sin color político. Contrario a lo que se cree, el crimen organizado solo conoce un lenguaje: el del interés propio. Eso quiere decir que no importa si el gobierno de turno es de derecha, izquierda, progresista o conservador; siempre que exista un incentivo económico (legal o ilegal), habrá interés en capitalizarlo si se le permite.
Áreas urbanas, el botín decisivo. El control de extensas zonas urbanas por parte del CJNG y otras organizaciones deja en evidencia que, si bien las áreas rurales son la base de acción del crimen organizado, en las áreas urbanas se concentra el control social y político. En Colombia no se puede perder el monopolio del poder, porque allí se agudizan problemas como el reclutamiento (bajo seducción), la coerción armada, la corrupción y la captación del Estado. Resulta imposible ignorar la movilización y el utilitarismo político y legal de lo rural hacia lo urbano.
De manera que, aunque Colombia tiene vasta experiencia en el estudio y en el enfrentamiento de organizaciones de crimen organizado, el fenómeno de los megacárteles mexicanos presenta una realidad que se debe estudiar, aprender y evitar, ya que existe la posibilidad de que Colombia pueda involucionar en esa dirección.