La Asamblea Nacional en Venezuela aprobó la ley que castiga con penas de 25 a 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país. La ley busca atacar de manera directa y censurar a todos aquellos que quieren promover la salida del dictador Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Adicional a ello, establece inhabilitaciones de 60 años contra dirigentes que las apoyen.
Según la periodista Ana Rodríguez Brazón, esta ley será promulgada próximamente en un acto público en la Plaza de Bolívar de Caracas, en Venezuela. Ante los ojos del mundo, queda una vez más confirmado cómo el gobierno del dictador Nicolás Maduro se quiere seguir adueñando del poder desde el robo que cometió en los últimos comicios ante el líder opositor Edmundo González.
Lo que busca esta nueva ley es inhabilitar de manera política a todos los opositores que están firmes en reconocer a Edmundo González como presidente electo; adicional a ello, también concibe ataques a los medios informativos del país y daría lugar a la expropiación de bienes mediante la extinción de dominio. Según el régimen venezolano, estas medidas se aplicarán ante todos aquellos que traicionen “la patria”.
Ana Rodríguez Brazón, quien conoció una parte de este documento que será aprobado por el régimen en las próximas horas, demuestra que hay tres artículos que se presentan como uno de los mecanismos de censura más deplorables en la historia de Venezuela.
“Divulgación de mensajes, Registro nacional y Responsabilidad civil” son algunos nombres de los artículos con lo que Maduro seguirá aferrado al poder.
Según el artículo 21 de esta ley, los medios de comunicación que emitan información en contra del régimen serán sancionados de la siguiente manera: “En el caso de los medios de difusión, medios electrónicos, redes sociales y medio impresos, se impondrá una multa por la cantidad de 100.000 a 1.000.000 millones de bolívares” a todos los medios que buscan promover las medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana en Venezuela.
Concerniente a la ley de extinción de dominio, lo que busca el régimen es apropiarse de las propiedades mediante “mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a estas”. Con esto, al régimen de Maduro se le estarían otorgando facultades para confiscar bienes señalando traición a la patria.
Con la firma de esta ley queda evidenciado que la transición pacífica que quería realizar el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, el próximo mes de enero, no será posible pese al llamado popular que hizo el pueblo venezolano en los últimos comicios para rechazar el régimen dictatorial de Maduro.
