“El régimen de Venezuela sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad”, Luis Almagro reacciona a encarcelamiento de un estudiante por conspiración

John Álvarez Peña, alumno de la Escuela de Antropología e integrante del Comité de Usuarios del Comedor de la casa de estudios, fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 30 de agosto.

La Policía Nacional Bolivariana efectuó el arresto de manera ilegal según cuentan los medios locales e incluso, el joven estudiante permaneció 24 horas desaparecido tras su captura hasta que el primero de septiembre fue trasladado al Palacio de Justicia en Caracas.

Según el diario “El Efecto Cocuyo”, el abogado de Álvarez, Joel García, aseguró que su cliente fue torturado y obligado a acusar a Carlos Salazar y Carlos Julio Rojas de planificar la colocación de un artefacto explosivo en plena autopista de la capital venezolana.

El día de ayer, lunes 4 de septiembre, John fue acusado de conspiración y asociación, cargos que lo vinculan a seis sindicalistas condenados el mes pasado a 16 años de cárcel por supuestos delitos de conspiración y terrorismo.

Por su parte el Secretario General de la OEA, Luis Almagro se pronunció al respecto y rechazó la detención del estudiante venezolano asegurando que “el régimen de Venezuela sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. Su última víctima es el estudiante John Álvarez. Exigimos su inmediata liberación y el más pleno respeto de sus derechos”.

El representante de la OEA reaccionó a un trino de la abogada defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, quien denunció en sus redes sociales el encarcelamiento de John Álvarez “Sin pruebas incriminatorias y con informes anónimos de “contrainteligencia”, involucrándose injustamente.

“John Álvarez declaró y narró las circunstancias en que fue detenido, su moto, reloj y cadena no figuran en el acta de aprehensión, es decir, lo robaron. Señaló a los funcionarios que lo torturaron con nombres y características fisonómicas”, dijo su abogado, como narra su abogado en la red social X.

Por otro lado, las autoridades de la Universidad Central de Venezuela se pronunciaron ante la detención de Álvarez asegurando que “Las circunstancias que rodean el hecho distan de estar claras y no existe información oficial acerca de la participación del Ministerio Público y la eventual presentación del Br. Álvarez Peña ante el Tribunal de Control, si es que se le imputa algún delito, lo que ha debido hacerse antes del vencimiento del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a su detención”, dice el comunicado.

El rector de la UCV, Víctor Rago, publicó el deseo de sus pares para que las instituciones del poder público garanticen la integridad física, psíquica y moral del bachiller John Kelvin Álvarez Peña, como lo dispone el artículo 46 de la Constitución, “atenerse estrictamente a las prescripciones del estado de derecho proceder a su presentación ante el Tribunal de Control o a su inmediata puesta en libertad si ningún delito se le imputa”, dice la misiva.

Por su parte la ONG Provea aseguró que “la cúpula que gobierna continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad” y agregó que una política sistemática de persecución a la disidencia o a quienes perciben como disidentes.

La organización aprovechó para denunciar que esta acción forma parte de un patrón de hostigamiento contra estudiantes, líderes sindicales, políticos, periodistas, ONG, defensores y toda la sociedad civil venezolana, “Intentan cerrar el espacio cívico ante la exigencia de derechos, salarios de hambre y falta de democracia”.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) denunció este martes 28 de agosto que las detenciones por motivos políticos continúan ocurriendo en Venezuela como un “ataque sistemático” contra la población y pidió libertad para unas 300 personas consideradas presos políticos.

“Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela siguen siendo parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población en este país. Ello, principalmente, con el objetivo de silenciar a quienes disienten del gobierno de Nicolás Maduro o con otros fines políticos”, indicó la oenegé en su nuevo informe sobre las detenciones ocurridas entre 2018 y 2023.

AI aseguró que “se ha consolidado la criminalización” de las personas a través de tribunales con competencia en terrorismo y advirtió que esto agrava las consecuencias del procesamiento penal.

La organización también identificó “patrones” en las detenciones: ocurren sin órdenes judiciales, falta “independencia judicial”, se aplican leyes de forma “ambigua” y se utiliza la “incomunicación y el aislamiento de las personas detenidas”, entre otros.

Con información de AFP*