Esta es la “propuesta” de Venezuela ante la ONU para evadir sanciones de Estados Unidos

En medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas el representante de Venezuela, Samuel Moncada, apostó en su intervención a una posible solución en contra de las sanciones económicas que se le fueron impuestas a su país por parte de Estados Unidos, con el objetivo de presionar al régimen de Nicolás Maduro y recuperar la democracia para la nación latinoamericana.

En medio de su intervención, Moncada reveló un mapa que contenía las sanciones económicas que Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto a 30 países con el objetivo de presionar a los gobiernos instaurados, entre otros motivos.

Según indicó Moncada en su intervención, este tipo de sanciones son utilizadas para tratar de “controlar” a “naciones débiles por parte de naciones que tienen una posición de dominio en el sistema económico mundial”, afirmaciones que apoyaron países afectados como Cuba, Irán, China y Rusia.

Se trató de un evento paralelo en el marco de la Asamblea que fue promovido por Venezuela y, secundado por sus aliados cercanos en contra de Occidente, en esta Caracas aprovechó para proponer una “zona internacional libre de sanciones”, que estaría conformada por países que no están en la lista de los afectados por restricciones.

Moncada resaltó que las sanciones “frenan el desarrollo de pueblos y de naciones enteras”, por lo que instó a eliminar estas barreras para promover apoyo a las comunidades vulnerables.

Represión en Venezuela

La misión constituida por la ONU para investigar las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela constato una intensificación de los ataques contra el espacio cívico con vistas a “silenciar” a las voces críticas, lo que hace que la “vigilancia internacional” sea “más crucial que nunca”.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, constituida en 2019 por iniciativa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene “motivos razonables” para denunciar cinco ejecuciones arbitrarias, más de medio centenar de detenciones ilegítimas y 29 casos de torturas y maltrato, entre ellos 19 de violencia sexual y de género.

La presidenta del grupo, Marta Valiñas, avisó de que “continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los Derechos Humanos”. Así, pese a que en cifras parece haber menos, “estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos”.

“Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los Derechos Humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, añadió Valiñas.

Otro de los integrantes del grupo, Francisco Cox, atribuyó al Gobierno de Nicolás Maduro “capacidad de adaptación” para “sofocar la crítica”, en virtud de la cual adopta mecanismos “duros y blandos” que aplica con distintos niveles de intensidad, “dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”.

De la represión indiscriminada tras la ola de protestas opositoras de 2017 se ha pasado a “amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes” contra personas y entidades concretas, contra las cuales también se han utilizado actos de difamación y censura”, según los expertos.

“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, explicó otra de las expertas, Patricia Tappatá Valdez, que incluye al sistema judicial dentro de este entramado represivo.

También puso el foco en la labor de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional, cuyas labores ahora ha asumido Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET). Cambió el nombre pero no las prácticas, según la misión de la ONU, que ve “continuidad” entre los enfoques de ambas instituciones e incluso entre sus integrantes, ya que se mantienen personas ya señaladas por abusos que pueden ser constitutivos de crímenes contra la humanidad.

En opinión de la jefa de la misión internacional, “la transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los Derechos Humanos”.

*Con información de Europa Press.