El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este jueves sanciones económicas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro, en plena presión económica sobre la isla.
Díaz-Canel ya había sido sancionado en julio del año pasado, a causa de la represión de las protestas ciudadanas de 2021.
En esta nueva oleada de sanciones se añade a Alejandro Castro Espín, hijo del líder histórico revolucionario Raúl Castro, al nieto, Raúl Alejandro Castro, y al hijastro del presidente, Manuel Anido Cuesta.
Estados Unidos mantiene un embargo contra la isla comunista desde 1962, y bajo el segundo mandato de Donald Trump el cerco ha ido aumentando.
La cartera de Scott Bessent ha emitido las mismas medidas contra cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba SA, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.
Washington está combinando las sanciones económicas contra figuras y empresas del régimen, las medidas jurídicas, como la histórica inculpación de Raúl Castro, de 95 años, por el abatimiento de dos avionetas en 1996, y un bloqueo petrolero de facto desde principios de año.
Cuba vive su peor crisis económica y humanitaria desde el triunfo de la Revolución castrista de 1959. Washington y La Habana mantienen negociaciones para una salida a la crisis, que por ahora no arroja frutos.
Washington acusa a Cuba, situada a 90 millas de Florida, de ser una amenaza a su seguridad, mientras que La Habana asegura estar dispuesta a negociar sin renunciar lo que considera su soberanía.
Varias empresas extranjeras han reducido o cesado sus operaciones en Cuba bajo presión de Estados Unidos y ante el riesgo de quedar expuestas a sanciones por sus vínculos con el conglomerado económico-militar cubano Gaesa.
Las operaciones de pago con tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas en Cuba a partir del 6 de junio, después de que un banco extranjero rompiera su relación con Fincimex, entidad financiera vinculada a Gaesa y encargada de procesar este tipo de transacciones en la isla.
Estas tarjetas eran utilizadas principalmente por empresas extranjeras, turistas y cubanos residentes en el exterior para pagar bienes y servicios en comercios, inmobiliarias, hoteles, restaurantes y gasolineras del Estado.
La naviera francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd suspendieron “temporalmente” desde mediados de mayo las entregas y nuevos envíos de contenedores hacia Cuba.
Aunque el transporte marítimo no figura explícitamente en el decreto presidencial estadounidense del 1 de mayo, ambas compañías podrían quedar expuestas a sanciones por operar en el puerto de Mariel, a unos 50 kilómetros de La Habana, administrado por Gaesa.