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Alberto Fujimori deberá permanecer tras las rejas pagando su pena de 25 años de cárcel. | Foto: Foto de HO / Prensa Fujimori / AFP

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Fallo de la Corte IDH pide frenar liberación de Alberto Fujimori en Perú

El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional de Perú le había regresado el indulto que en 2017 le concedió Pedro Pablo Kuczynski.

8 de abril de 2022

Este viernes, el pleno del Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el fallo decisorio frente al caso del expresidente peruano Alberto Fujimori, solicitando expresamente al Gobierno de Perú que se abstenga de la implementación de una sentencia, emitida en semanas pasadas por el Tribunal Constitucional de ese país, en el que se ordenaba la liberación inmediata del exmandatario, sentenciado a 25 años de cárcel por su relación en la comisión de delitos de lesa humanidad durante su mandato, a inicio de los años 90.

Este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala una serie de errores en la decisión emanada de la máxima institución judicial del Perú, la cual, el pasado 17 de marzo, tras una votación cerrada, otorgó al expresidente el derecho de habeas corpus.

Dentro de lo advertido por el tribunal internacional, en la decisión tomada por el Tribunal peruano, “no se efectuó una ponderación que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”.

Sobre esta decisión, en días pasados, más precisamente el pasado 1.° de abril, representantes judiciales del Gobierno peruano había afirmado que estaban prestos a obedecer la providencia que emanara de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, independientemente de que esta ordenara su liberación, o su permanencia en la prisión, aunque ello implicase el desconocimiento del fallo del Tribunal Constitucional de su país.

En su momento, según recogen medios internacionales, el procurador Carlos Miguel Reaño, abogado del Estado peruano, había recalcado que la decisión del tribunal internacional debía ser implementada “de la manera más pronta posible”.

Así, la ‘novela’ del caso Alberto Fujimori escribe un nuevo capítulo, después de que a mediados del pasado mes, una decisión de las autoridades locales le hubiese ‘restituido’ el indulto que a su turno, en 2017, y en medio de una gran polémica por señalamientos de corrupción política, le había concedido el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, y que en 2018 había sido revocado, obligándolo a volver a la cárcel.

La decisión

La nueva decisión de la Corte Interamericana de DD. HH. se conoce luego de que en días pasados, más precisamente el 1.° de abril, se desarrolló una audiencia en la que se escucharon los pedidos de la CIDH y las víctimas.

En su argumentación para pedir que no se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, se advierte que dicha decisión “no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 30 de mayo de 2018″, manifestando que no se habría valorado si en efecto se cumplía la “necesidad imperiosa de libertad”, basada en las condiciones de detención del exmandatario o su estado de salud.

Sobre lo anterior, la Corte también afirmó que, dentro de lo previsto en el marco legal, se debería haber evaluado si, como medida previa al indulto, también se hubiera podido optar porque, en vez de dejarlo en libertad, y en virtud de su estado actual, se optara por mecanismos de pago de pena, pero en un lugar diferente a la cárcel.

En ese sentido, la Corte también señaló que no se tuvo en cuenta, en el fallo del 17 de marzo, que Fujimori no ha adelantado la llamada reparación civil de las víctimas.

Los delitos que tienen a Fujimori tras las rejas desde 2005

En el desarrollo de su gobierno, que se extendió entre los años 1990 y 2000, Fujimori fue responsabilizado, entre otros, de una serie de hechos irregulares relacionados con asesinatos extrajudiciales en los Barrios Altos y La Cantuta, los cuales habrían dejado 25 víctimas mortales.

Precisamente, estas masacres fueron catalogadas por la Corte IDH, en sentencias emitidas en 2001 y 2006, como delitos de lesa humanidad, al señalarse de haber sido adelantados con alevosía, lesiones graves y haber incurrido también en casos de secuestro agravado.

Estos señalamientos, al igual que otros, obligaron a Fujimori a abandonar en el año 2000 el cargo de presidente, a través de la recordada renuncia a través de fax desde Tokio.

Posteriormente, y durante un viaje a Chile, tras haber aterrizado en un vuelo privado, el exmandatario peruano fue detenido por las autoridades de ese país y, tras un largo juicio en el que se abordó su pedido de extradición por parte de las autoridades peruanas, fue enviado en 2007 a ese país, donde fue juzgado, sentenciado y encerrado, logrando cortos períodos de libertad debido al ya referido indulto, y a problemas de salud que aquejan frecuentemente al expresidente de 83 años, obligándolo a ser internado en un hospital

*Con información de la AFP.