Familias de los colombianos detenidos en El Salvador claman por ayuda del gobierno. Alegan capturas ilegales y total incomunicación

Más de 70 colombianos permanecen encarcelados en El Salvador en medio de la lucha del presidente Nayib Bukele, quien desde su llegada al poder en 2019 les declaró la guerra a las pandillas que hacían del país centroamericano su patio de juegos, sembrando el terror en la población. Para muchos ha sido una política de envidiar, otros aseguran que ha dejado muchos daños colaterales.

Así es el caso de muchas familias colombianas, que llevan meses, e incluso algunas más de un año, pidiendo al Gobierno salvadoreño que les den alguna respuesta acerca del futuro de sus allegados. De igual manera, reclaman al presidente Gustavo Petro para que haga una mayor presión para la liberación de sus familiares y recibir claridad sobre el estado de los capturados dentro del régimen de excepción.

Esta semana, más de 30 personas, cansadas de la ausencia de respuestas, decidieron viajar desde distintas partes del país hasta la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para reclamarle al Gobierno por una ayuda que pueda servir para el regreso de sus familiares al país. Entre los testimonios de los afectados hay un patrón: colombianos que, seducidos por las políticas de Bukele, viajaron a El Salvador y luego de llevar pocos días en el país fueron encarcelados sin mayores pruebas.

En el régimen de excepción, se permite la detención de ciudadanos sin orden judicial o necesidad de pruebas contundentes, y así habría sido el caso de varios colombianos encarcelados, según las denuncias de sus familiares. “En el momento de la captura, las únicas pruebas que le encontraron a mi hermano eran la pertenencia de un celular, de un anillo y de una cadena, y no poder demostrar de dónde venían”, narró a SEMANA Ángela Olarte, hermana de Edwin Olarte.

De la misma manera, dentro de los procesos de captura hubo bastantes irregularidades que se hicieron incluso virales en redes sociales, como el caso de Cristian David Corrales, quien, tras ser detenido por las autoridades salvadoreñas, salió en una foto publicada con tatuajes de pandillero en la cara, los cuales fueron añadidos en un fotomontaje. “Me di cuenta de él por un montaje que le hicieron de tatuajes en el rostro. Lleva nueve meses en prisión, no sé nada de su estado de salud, no hemos sabido nada de él”, cuenta Beatriz Muñoz, su esposa.

“Fue detenido en El Salvador desde el 14 de febrero de 2023, se encontraba con su compañero Yonier Gómez. Tuvieron un accidente de tránsito, el agente de tránsito pidió los papeles de mi hijo y al ver que era colombiano le pidieron que los acompañara y los acusaron por tener tatuajes”, relata Claudia Colpas, madre de Brandon Loaiza, como muestra de las irregularidades que habrían ocurrido.

Decenas de pendones se ubicaron a la entrada a la Casa de Nariño, al lado del Congreso de la República, en ellos se veían imágenes de los colombianos presos en tierras centroamericanas, mientras que sus familiares llevaban camisetas con sus rostros impresos. Desde horas de la mañana hasta la noche estuvieron esperando una respuesta del Gobierno, que solo llegó cuando pudieron acercarse a las oficinas del Departamento Administrativo de Presidencia y hacer una petición por escrito, también fueron atendidos por la UTL del senador Robert Daza.

“Mi abuela lo extraña mucho, ella tiene depresión por no saber nada de él. Pido que el presidente Petro haga algo por los colombianos y por sus familias”, dice el hermano de Johnny Acevedo. “No sabemos nada de mi hermano, tengo una madre preocupada, mi mamá tiene diálisis día de por medio, la única fuente económica es mi hermano, queremos justicia”, cuenta la hermana de Julián Ruiz.

Como estas historias hay decenas más de colombianos que fueron encerrados en prisiones salvadoreñas en medio de procesos judiciales, por lo menos cuestionables, los familiares alegan que son inocentes y que las autoridades colombianas los han ignorado.

“Hemos mandado documentación al consulado, al presidente, pero todos los documentos nos los rebotan para el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tampoco nos dan mucha información”, relata a SEMANA Viviana Palacio, esposa de Carlos Restrepo.

Muchas familias reportan que si bien intentan ir por los conductos regulares, hay un punto en el que se encuentran un muro de concreto que les impide a las mismas autoridades colombianas poder saber algo del destino de sus allegados. Alejandra Palacio, líder del grupo de manifestantes, relató cómo ha sido ese proceso con el Estado. “Han sido entidades muy diligentes, que han hecho su trabajo, pero queremos una respuesta del señor presidente. Falta mucha más apropiación hacia nuestros colombianos”.

La promesa rota de Petro

Uno de los casos más relevantes fue el de Luz Marina Pérez, quien ha denunciado que su hijo, Jackson Alexis Pérez, fue asesinado por las pandillas en El Salvador y no ha podido recuperar el cuerpo, que, según le confirmaron las autoridades del país, estaría enterrado en una fosa común aún sin identificar.

El joven, que en el momento tenía 23 años, tan solo duró 15 días en el país centroamericano cuando, según reportes, fue asesinado por tener un tatuaje de una calavera, el cual se había hecho hace años en Colombia, pero que en el mundo criminal era identificado con el símbolo de una pandilla rival, por lo cual los delincuentes lo asesinaron y enterraron su cuerpo. La última vez que Luz Marina tuvo contacto con él fue el 11 de enero de 2022, hace más de dos años.

Desde entonces, la madre inició un proceso que ha catalogado como una pesadilla, buscando que las autoridades salvadoreñas y colombianas le ayuden para poder repatriar el cuerpo de su hijo. En el país centroamericano le piden que esperen, ya que hay muy pocos equipos forenses en el territorio. Pero en su país tuvo una luz de esperanza, que llegó del mismo presidente Gustavo Petro.

En diciembre de 2023, SEMANA publicó el caso de la señora Pérez y su hijo, el cual, tras el impacto mediático que tuvo, el mandatario de los colombianos anunció en su cuenta de X que brindaría ayuda para localizar los restos del joven. “Colombiano habría sido asesinado en El Salvador por una pandilla y arrojado a una fosa común. El Gobierno colaborará en todo con su familia para esclarecer el crimen y recuperar su cuerpo”, dijo el presidente el 10 de diciembre de 2023.

El anuncio del mandatario fue un respiro para la madre, pero hoy, más de dos meses después del trino de Petro, Luz Marina Pérez dice que nunca ningún funcionario del Gobierno la llamó o la localizó de alguna manera. “El presidente trinó en su cuenta de X, ofreciéndome su colaboración para repatriar y encontrar el cuerpo de mi hijo. Hasta el momento, no he recibido ninguna llamada ni ayuda del Gobierno”, contó la madre a SEMANA.

“Señor presidente, le quiero pedir que, por favor, me ayude. Estoy desesperada, no sé qué hacer. Necesito poder encontrar el cuerpo de mi hijo y traerlo de regreso a Colombia”, dice Luz Marina Pérez, en medio de las protestas en la Plaza de Bolívar. Junto a su hija, llevan un pendón y una camiseta con la foto de su hijo asesinado, rogando al mandatario que cumpla su promesa y dar ayuda para poder darle el último adiós en su tierra.