Organizaciones humanitarias de El Salvador expresaron su preocupación por el plan del presidente Nayib Bukele para conceder la libertad anticipada y condicional a detenidos señalados de colaborar ocasionalmente con pandillas.
Los grupos advierten que la iniciativa podría llevar a personas inocentes a declararse culpables para recuperar su libertad, en medio de las denuncias por detenciones arbitrarias durante la ofensiva contra las estructuras criminales.
La propuesta fue anunciada por Bukele el 13 de octubre de 2026. Inicialmente, el mandatario señaló que el beneficio podría alcanzar aproximadamente al 50 % de los presos acusados de colaborar con pandillas.
Posteriormente, precisó que se evaluarían 10.629 casos de personas que habrían prestado ayuda ocasional a estas organizaciones, pero que no formarían parte de sus estructuras.
El presidente sostuvo que la medida no significaría una absolución de los beneficiarios, sino una salida anticipada bajo condiciones y supervisión.
Según explicó, se analizaría el grado de participación de cada detenido en actividades delictivas para determinar quiénes podrían acceder al programa.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan la falta de claridad sobre los criterios de selección y advierten que el mecanismo podría generar presiones para aceptar responsabilidades penales, incluso cuando no existan pruebas suficientes.
Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), afirmó que las personas inocentes no deberían tener que confesar delitos ni someterse a procesos abreviados para recuperar su libertad.
La organización considera que la revisión de los expedientes debe permitir identificar a quienes fueron detenidos sin vínculos comprobados con las pandillas.
Bukele anuncia liberación anticipada de presos: defensores advierten trampa para inocentes
— DW Español (@dw_espanol) October 22, 2026
Organizaciones salvadoreñas temen que el plan del presidente Bukele, lleve a víctimas del régimen de excepción a declararse culpables para obtener el beneficio. https://t.co/UAJsAyrZp5…
La preocupación también fue expresada por Salvador Ruiz, del Comité de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, quien cuestionó que la iniciativa pueda terminar silenciando a quienes denuncian presuntas violaciones de derechos humanos.
Según advirtió, una declaración de culpabilidad podría dificultar que las víctimas presenten sus casos ante instancias internacionales.
El debate se desarrolla bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, implementado por Bukele para combatir a las pandillas. Desde entonces, más de 93.000 personas han sido detenidas, de acuerdo con las cifras citadas por agencias internacionales.
La política de seguridad ha reducido los homicidios a niveles históricamente bajos, pero también ha recibido cuestionamientos por las garantías judiciales y las condiciones de detención.
Uno de los puntos más controvertidos es la situación procesal de los detenidos. Según datos de la Fiscalía citados por AFP, cerca del 90 % de las personas arrestadas bajo el régimen de excepción todavía no había sido procesado ante los tribunales.
Organizaciones humanitarias también han denunciado muertes bajo custodia estatal y arrestos de personas que, aseguran, no tenían relación con estructuras criminales.
La organización Socorro Jurídico Humanitario estima que aproximadamente una tercera parte de los detenidos podría ser inocente.
Esta cifra corresponde a sus cálculos y no a un balance judicial definitivo, pero refleja la dimensión de las dudas planteadas por las agrupaciones que acompañan a las familias de los encarcelados.
Por su parte, Bukele ha defendido su estrategia y sostiene que la liberación anticipada estaría dirigida a personas con una participación menor en actividades delictivas, no a integrantes de las pandillas.
No obstante, hasta los reportes más recientes, el mandatario no había precisado la fecha de aplicación del programa ni todos los criterios que determinarían quiénes podrían beneficiarse.
Las organizaciones humanitarias insisten en que la revisión debe distinguir entre quienes cometieron delitos y quienes fueron detenidos injustamente.
Para los críticos, el desafío consiste en garantizar que una política de excarcelación no convierta la admisión de culpabilidad en una condición para recuperar la libertad.
El anuncio mantiene abierto el debate sobre los límites de la política de seguridad salvadoreña y las garantías que deben proteger a las personas detenidas.