La posibilidad de que Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, abandone la cárcel para cumplir arresto domiciliario sufrió un nuevo revés judicial en Estados Unidos. La Fiscalía federal presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York un documento en el que solicita al juez mantenerla bajo custodia mientras avanza el proceso por narcotráfico y narcoterrorismo que enfrenta junto al exmandatario venezolano.
Según la información divulgada por el abogado Nizar El Fakih, el gobierno estadounidense sostiene que las medidas propuestas por la defensa no ofrecen garantías suficientes para asegurar la presencia de Flores ante la justicia.
Uno de los aspectos centrales de la oposición presentada por la Fiscalía está relacionado con la magnitud de las penas que podrían imponerse en caso de una eventual condena. De acuerdo con los fiscales, dos de los delitos imputados contemplan la posibilidad de cadena perpetua y, además, existe una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Bajo ese argumento, se considera que la acusada tendría incentivos significativos para evadir la acción de la justicia. En el documento también se señala que Flores dispone de recursos y contactos que, según la acusación, podrían facilitar una eventual fuga.
La Fiscalía también anticipó que durante el juicio pretende presentar testimonios y evidencia de personas que habrían participado directamente en las actividades ilícitas que atribuye tanto a Flores como a Maduro.
Otro de los puntos expuestos por los fiscales se refiere a la protección de testigos y víctimas vinculados al caso. Según el escrito, algunas de esas personas permanecen en Venezuela, por lo que una eventual liberación de Flores podría, de acuerdo con la acusación, incrementar el riesgo de presiones o actos de intimidación a través de terceros.
Con base en esos argumentos, la Fiscalía concluyó que las restricciones planteadas por la defensa no serían suficientes para neutralizar los riesgos identificados ni para garantizar la seguridad de la comunidad.
La estrategia de los abogados de Flores apunta a que la acusada sea trasladada a una residencia privada en Nueva York bajo un estricto régimen de arresto domiciliario. La propuesta incluye vigilancia armada permanente, monitoreo electrónico, limitaciones para las comunicaciones y controles sobre las visitas que pueda recibir.
Los abogados también han insistido en que Flores presenta problemas de salud que requieren atención especializada. Entre los argumentos expuestos figuran episodios de dolor en el pecho, arritmias, dificultades respiratorias y una importante pérdida de peso desde que fue detenida.
La Fiscalía rechazó igualmente esa solicitud y aseguró que la acusada está recibiendo atención médica adecuada dentro del sistema penitenciario federal. Según su posición, la Oficina Federal de Prisiones dispone de los recursos necesarios para atender cualquier condición médica que presente.
La próxima fecha clave en el caso será el 8 de octubre, cuando las partes expongan sus argumentos ante el juez Hellerstein en una audiencia destinada a discutir la solicitud de libertad provisional. El juicio, por su parte, está programado para comenzar el 1 de junio de 2027.