Un juez federal estadounidense ha revocado este viernes, 5 de junio, una serie de medidas impulsadas por la Administración Trump que imponían restricciones a solicitantes de 39 países, relacionadas con procesos para obtener visados, solicitudes de residencia, asilo, permisos de trabajo y ciudadanía.
El juez del distrito de Rhode Island John McConnell ha dictaminado en un fallo de más de 130 páginas recogido por la cadena estadounidense CNN que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, una agencia que depende del Departamento de Seguridad Nacional, adoptó hace más de un año una serie de políticas “ilegales” contra ciudadanos de 39 países africanos, asiáticos, latinoamericanos y de Oriente Próximo.
“A las personas de estos países se les ha impedido categóricamente recibir resoluciones definitivas sobre, entre otras cosas, sus solicitudes de asilo, permiso de trabajo, tarjeta de residencia y ciudadanía. Y la restricción de USCIS sobre las resoluciones no se debe a ningún error cometido por estas personas; más bien, surge únicamente por el azar de su lugar de nacimiento”, dice el texto.
El juez federal ha argumentado así que “el Estado de derecho debe aplicarse a todos por igual” y que la agencia no ha seguido las leyes ni ha hecho “las cosas bien”, ya que ha violado la legislación migratoria “que el Congreso le ha imputado administrar”, así como la normativa que rige su funcionamiento.
“Reclama autoridad legal y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin tener en cuenta los intereses de los solicitantes, que debe considerar; y justifica sus acciones con pretextos de ‘seguridad nacional’ que enmascaran sentimientos antiinmigrantes que tiene prohibido permitir que influyan en su toma de decisiones. En términos legales, esto significa que las acciones de USCIS son contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas”, ha apuntado.
La decisión, según el juez, “arrojó las vidas de innumerables inmigrantes que viven en Estados Unidos a un limbo legal indeterminado” pese a que se “adhirieron a los procesos legales” promulgados por las leyes y adoptados por reglamento por USCIS.
El fallo se produce tras una demanda presentada en marzo por una coalición de organizaciones y sindicatos que prestan servicios a inmigrantes después de que el año pasado la Administración Trump impulsara dichas restricciones tras un tiroteo perpetrado por un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington.
En diciembre, la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en X haber recomendado al presidente Donald Trump “una prohibición total de viajes para cada maldito país que ha inundado Estados Unidos “con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo”.
Esa recomendación se aplicó de inmediato, y las solicitudes de tarjetas de residencia -la famosa “green card”- o de naturalización quedaron suspendidas para personas de 19 de los países más pobres del mundo.
Doce de esos países ya enfrentaban una prohibición de entrada en territorio estadounidense desde junio de 2025: Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
A ellos se sumaban otros siete (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela) sometidos desde la misma fecha a restricciones en la expedición de visados.
Con información de Europa Press*