La capital de Perú se suma a las protestas para exigir la renuncia de la presidenta Boluarte

Colectivos izquierdistas anunciaron movilizaciones en Lima este jueves 12 de enero para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas, como parte de las protestas que dejaron al menos 42 muertos en poco más de un mes, con focos importantes en zonas andinas como Cusco, meca del turismo cuyo aeropuerto cerró por seguridad.

“Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico-militar, racista y clasista”, dice la consigna en redes para la marcha de Lima convocada por un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda.

Las protestas entran a su segunda semana consecutiva tras una tregua por fin de año y son promovidas por sectores radicales y gremios campesinos que exigen también justicia para los deudos y sanción para los responsables del uso desproporcionado de la fuerza.

El jueves, el país amaneció con bloqueos en diez de las 25 regiones del país, afectando ciudades como Tacna, en la frontera con Chile, así como Puno, Cusco, Arequipa y Madre de Dios, entre otras, detalló la Superintendencia de Transporte Terrestre.

Las concentraciones se reanudaron en Arequipa, Tacna y Cusco, mientras que en la región de Puno, epicentro del movimiento, se empezaron a enterrar los 17 fallecidos tras choques el lunes con las fuerzas del orden en la ciudad altiplánica de Juliaca.

“Lo recuerdo a mi tío como una persona muy alegre. Es una lástima cómo lo hemos perdido. No ha muerto por una muerte natural, tampoco por una enfermedad, a él lo mataron!”, le dijo a la AFP Sonia Quispe, sosteniendo un retrato de Marco Quispe, de 55 años, a quien sepultaron en la tarde en el cementerio La Capilla de la ciudad.

El dolor se prolongó en Juliaca el jueves por una nueva muerte: un joven de 16 años hospitalizado desde el lunes por herida de bala. Su deceso elevó a 19 los fallecidos en las protestas en esa ciudad.

Además de la renuncia de Boluarte y anticipar los comicios, las protestas reclaman el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, que establece la economía de mercado como eje del desarrollo socioeconómico.

La movilización en la capital es parte de una “asonada que quieren hacer contra Lima en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14″, había dicho el lunes el jefe de gabinete, Alberto Otárola. Según el alto funcionario, las protestas “se están financiando con dinero oscuro del narcotráfico”, proveniente supuestamente de los valles cocaleros del sur andino.

Otárola, que obtuvo el martes un voto de confianza para su investidura en el Congreso dominado por la derecha, graficó entonces una virtual situación de guerra, señalando que las fuerzas del orden defenderán Lima.

El funcionario responsabiliza al detenido expresidente Pedro Castillo de ser “quien azuza a la gente y coordina estas movilizaciones para buscar impunidad”.

El izquierdista Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta. Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

En Cusco, una de las mecas del turismo mundial por la ciudadela Machu Picchu, el hotel Marriot fue atacado a pedradas por vándalos durante una marcha por las calles de esa ciudad la noche del miércoles, con manifestantes enardecidos tras la muerte de un dirigente campesino durante un enfrentamiento con la policía.

Los pobladores quemaron asimismo una caseta del terminal de transporte terrestre regional, atacaron locales comerciales y colocaron piedras en la línea férrea. Según la policía, se detuvo a 11 personas, entre ellas una ciudadana de nacionalidad colombiana. La Defensoría del Pueblo reportó más de 50 heridos, entre ellos 19 agentes del orden.

El gobierno cerró este jueves temporalmente el aeropuerto internacional de Cusco ante el alto riesgo de que sea tomado por la fuerza, pese a estar resguardado por un contingente policial y militar. Las violentas protestas iniciadas hace un mes dejan hasta el momento 42 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la institución.

El saldo trágico provocó un llamado de Estados Unidos a la “moderación” a todas las partes, mientras una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Perú para evaluar la situación de derechos humanos.

Naciones Unidas instó al gobierno a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas, y pidió a las diversas organizaciones detrás de las protestas “abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada”.

*Con información de AFP.