Un grupo de 36 presos políticos militares recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde lleva seis días en huelga de hambre para exigir su excarcelación y denunciar irregularidades judiciales.
La denuncia, difundida por la líder opositora María Corina Machado mediante una carta de los familiares, detalla que 21 de los manifestantes ya cumplieron sus condenas y enfrentan graves retrasos procesales y deterioro físico.
“Los familiares de los presos políticos que se mantienen en huelga de hambre en Ramo Verde me hacen llegar este documento. Por favor, ayúdennos a que el mundo entero sepa lo que ellos están sufriendo”, escribió la ganadora del Premio Nobel de Paz.
Las familias de los presos políticos solicitan la intervención urgente de organismos internacionales y de la Defensoría del Pueblo para verificar el estado de salud de los detenidos.
A través de sus redes sociales, Machado hizo un llamado a la comunidad internacional para visibilizar la situación del penal, señalando que a los efectivos detenidos se les han vulnerado sus derechos fundamentales y exhortando a que su protesta sea escuchada dentro y fuera del país.
“A estos ciudadanos militares les han violado todos sus derechos humanos y garantías. Con inmenso coraje han decidido alzar sus voces a través del recurso más extremo: la huelga de hambre. Que este grito de libertad desde allí, aferrados a esa reja, se escuche en el mundo entero”, señaló Machado.
La protesta comenzó con 21 sargentos de la Guardia Nacional vinculados al caso Cotiza, quienes, según sus familiares, cumplieron sus condenas de siete años y nueve meses el pasado 24 de octubre, sin que los tribunales hayan emitido sus boletas de excarcelación.
Los reclusos denuncian la inobservancia de los lapsos legales y la existencia de expedientes que aún no tienen un tribunal asignado. Además, los familiares reportan limitaciones en el suministro de agua potable, restricciones en el acceso a baños y patio, y la suspensión de las visitas.
El agravamiento de la salud de los huelguistas, que ya ha derivado en descompensaciones y el traslado de, al menos, un sargento al Hospital Militar, llevó a los parientes a urgir la intervención de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales.
El Observatorio Venezolano de Prisiones reportó que ocho de los participantes sufrieron descompensaciones el viernes, 13 de noviembre, y requirieron hidratación médica. Asimismo, el sábado, 14 de noviembre, un sargento tuvo que ser trasladado al Hospital Militar por complicaciones.