A través del programa Vélez por la mañana, del periodista Luis Carlos Vélez, el coronel (r) del Ejército colombiano Carlos Giovanni Guerrero Torres denunció presuntas irregularidades judiciales en el proceso que enfrenta en Haití junto a otros exmilitares colombianos, acusados por el asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021.
Guerrero, quien habló desde prisión en Haití, aseguró que él y sus compañeros llevan cuatro años y medio detenidos sin juicio, sin pruebas concluyentes y sin garantías básicas del debido proceso. “Estamos pagando una condena anticipada que está prohibida en todo Estado social de derecho”, afirmó durante la entrevista.
Según su testimonio, el caso ha pasado por seis jueces distintos, algunos de los cuales, dijo, renunciaron por amenazas, otros por presuntos actos de corrupción y otros por negarse a continuar con la investigación. “No hay presunción de inocencia. Desde el primer día nos tratan como culpables”, sostuvo.
El coronel retirado también relató fallas graves durante una audiencia ante la Corte de Apelaciones, donde, según explicó, no contaron con una intérprete adecuada. Afirmó que errores en la traducción provocaron confusión y un altercado que terminó con la suspensión de la audiencia. Posteriormente, dijo, la justicia haitiana decidió reabrir la investigación, una medida que calificó como contraria a principios jurídicos fundamentales como la prohibición de la doble persecución penal.
“Reabren la investigación después de cuatro años y medio, cuando debería resolverse a favor del acusado cualquier duda. Estamos en un limbo jurídico”, afirmó Guerrero.
Guerrero explicó que inicialmente eran 22 colombianos, de los cuales 20 llegaron desde Colombia y dos ya se encontraban en Haití. Según su versión, todos fueron contratados por una empresa de seguridad estadounidense llamada CTU, que aseguró que tiene vínculos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y trabaja con el FBI.
Indicó que ingresaron a Haití el 6 de junio de 2021 por la frontera con República Dominicana, con documentación legal y pasaportes vigentes, y que su misión consistía en brindar seguridad a un proyecto hidroeléctrico y, de manera temporal, a un candidato presidencial haitiano.
Durante su estancia previa al crimen, afirmó que se alojaron en un hotel en Puerto Príncipe donde coincidían con personal de Naciones Unidas y autoridades locales, y que nunca actuaron en la clandestinidad.
Sobre los hechos del 7 de julio de 2021, Guerrero relató que fueron despertados de madrugada para realizar un acompañamiento de seguridad a la Policía Nacional de Haití. Según su testimonio, participaron en una caravana en la que también había agentes uniformados y personas que identificó como funcionarios del FBI.
Aseguró que en ningún momento se les informó que el operativo tenía relación con la residencia presidencial. “Nunca imaginé que ese lugar fuera la casa del presidente. No había seguridad perimetral, no vi guardias”, dijo, añadiendo que permaneció entre 10 y 15 minutos en un punto sin contacto con ninguna persona antes de recibir la orden de retirarse.
Guerrero insistió en que ni él ni sus compañeros participaron en el asesinato y que desconocían completamente el objetivo real del operativo.
El militar retirado expresó preocupación por lo que considera un abandono institucional, aunque reconoció la labor del consulado colombiano en Haití. “No vemos gestiones diplomáticas reales por nuestra situación”, afirmó, al tiempo que pidió mayor atención del Estado colombiano y de la comunidad internacional.
