Nicaragua aplazó hasta septiembre la aprobación de una reforma constitucional que busca excluir de las elecciones a los partidos opositores, una iniciativa que ha provocado un amplio rechazo internacional, anunció este lunes la copresidenta Rosario Murillo.
La Asamblea Nacional y las autoridades electorales, ambas controladas por el oficialismo, trabajan en las leyes solicitadas por el presidente Daniel Ortega para impedir que participen en los comicios los “vendepatrias” y “golpistas” al servicio de Estados Unidos, como el mandatario suele calificar a sus adversarios políticos.
La votación del proyecto estaba prevista inicialmente para agosto, pero el Gobierno decidió ampliar el proceso de consultas.
“Concluido el proceso de consulta, la comisión especial elaborará el dictamen correspondiente para su presentación ante el plenario con el objetivo de aprobar la reforma constitucional en los primeros días” de septiembre, dijo Murillo a un medio estatal.
La copresidenta señaló que el Ejecutivo mantendrá reuniones con empresarios, inversionistas, embajadores y otros sectores para explicar el alcance de la reforma.
“Se van a realizar consultas con empresarios, con inversionistas, con embajadores; vamos a informar, pero además con todos los estamentos de nuestra patria bendita”, afirmó.
Informaremos “al cuerpo democrático como corresponde, escuchamos, les escuchamos; son encuentros que hemos denominado de amistad, de hermandad entre los pueblos”, añadió.
Murillo informó que el Gobierno ya celebró un primer encuentro con representantes diplomáticos y aseguró que espera conocer sus conclusiones. “Estamos pendientes de conocer los resultados de este primer encuentro respetuoso y amistoso con la comunidad diplomática”, agregó.
La propuesta ha recibido críticas de varios gobiernos y organismos internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que el presidente Donald Trump y la comunidad internacional “no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura (...) profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional” de Estados Unidos.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, concentran el poder en Nicaragua y mantienen un férreo control sobre las instituciones desde las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
El Gobierno sostiene que aquellas manifestaciones constituyeron un intento de golpe de Estado respaldado por Washington.
El excomandante guerrillero gobernó el país durante la década de 1980 y regresó al poder en 2007. Desde entonces ha sido reelegido en tres ocasiones en procesos cuestionados por la comunidad internacional.
En las últimas elecciones, celebradas hace cinco años, encarceló a varios dirigentes opositores y obtuvo la reelección sin enfrentar rivales de peso.
*Con información de AFP.