El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ratificó en el transcurso de este jueves que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no contó con las garantías legales durante los procesos penales contra él por corrupción, los cuales fueron finalmente cancelados por parcialidad.
De acuerdo con esta comisión, se violaron las libertades del expresidente Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y su derechos políticos, recuperados recientemente después de que las sentencias fueran anuladas.
“Si bien los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso”, señaló Arif Bulkan, miembro del comité.
El órgano de 18 expertos independientes, con sede en Ginebra, analizó una queja que había presentado la defensa del izquierdista, quien fue presidente entre 2003 y 2010.
“El Comité considera que (...) los hechos ocurridos (...) demostraron que no se cumplía el elemento objetivo del requisito de imparcialidad”, según la decisión, no vinculante.
El expresidente Lula fue investigado en 2016 dentro de la macrocausa ‘Lava Jato’, que destapó una trama de corrupción dentro del seno de la constructora estatal Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht. El juez encargado de la causa fue Sergio Moro, que posteriormente se convirtió en ministro de Justicia con el actual presidente, Jair Bolsonaro.
Durante la investigación, Moro aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado, después filtró el contenido a la prensa, a la que informó también de una orden de detención contra él para interrogarlo antes de avisar al propio expresidente.
Moro condenó a Lula a nueve años de cárcel en julio de 2017, pero no ingresó hasta el abril de 2018. Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas para las presidenciales del 7 de octubre de ese año, que finalmente fueron para Jair Bolsonaro.
Sin embargo, ya en 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia debido a la falta de competencias del tribunal de Curitiba que llevó el proceso, así como por la parcialidad en la que incurrió Moro, quien dirigió incluso la actuación de los fiscales durante la causa.
Más tarde, Moro defendió que “Lula nunca fue perseguido” por la Justicia brasileña, y recordó que “fue condenado por nueve magistrados”. “Yo en primera instancia, tres en el tribunal de Porto Alegre y cinco en el Superior Tribunal de Justicia (STF)”.
“Mis decisiones fueron confirmadas por los órganos de apelación, nunca hubo ninguna persecución, siempre actué con la ley”, defendió Moro, quien lamentó que la denuncia de Naciones Unidas esté influida “indebidamente” por la decisión del propio STF en un “error judicial” al anular las condenas de Lula.
“También es posible verificar, en el informe del Comité de la ONU, que obtuvo fuertes votos que no dejan duda de que mi actuación fue legítima en la aplicación de la ley, en la lucha contra la corrupción y que no hubo ningún tipo de persecución política”, zanjó Moro en su alegación.
El Comité de Naciones Unidas sostiene que a pesar de que el Supremo anuló la condena y el encarcelamiento de Lula, “no fue suficiente” para reparar el daño causado, puesto que se violó su derecho a la libertad, a la privacidad, a un juicio justo e imparcial, así como a presentarse un cargo político.
*Con información de Europa Press.