Por segundo día consecutivo, detienen a más de mil pandilleros en El Salvador

La Policía de El Salvador ha detenido a más de mil pandilleros por segundo día consecutivo, con lo que el número de detenidos desde que comenzó el estado de excepción en el país centroamericano ha ascendido hasta los 18.315.

En concreto, según datos de la Policía difundidos a través de la red social Twitter, las autoridades salvadoreñas han detenido durante el lunes a un total de 1.172 “terroristas” en todo el país.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha congratulado del dato a través de la citada red social y ha garantizado que las autoridades continuarán con la llamada “guerra contra las pandillas”.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el domingo la ampliación del estado de excepción declarado para combatir a las pandillas después de una petición por parte Bukele, por lo que la medida estará vigente 30 días más.

Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

La ONG Amnistía Internacional (AI) lamentó el lunes que, durante los últimos 30 días, el Gobierno de Bukele “ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña”.

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, ha indicado que “desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado la tormenta perfecta de violaciones de los Derechos Humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”.

“En El Salvador de hoy día, niños y niñas de entre 12 y 16 años pueden ser condenados a penas de hasta diez años de prisión, las personas de comunidades marginadas pueden ser detenidas arbitrariamente sin derecho a defensa jurídica, las personas presas pueden estar recluidas sin alimentos y aire suficientes y los periodistas pueden ser encarcelados por el solo hecho de informar de actividades relacionadas con las pandillas”, ha agregado.

Por ello, Guevara Rosas ha pedido al Gobierno “cesar en su actitud hostil contra la sociedad civil y la comunidad internacional y reconocer los terribles efectos de sus políticas para los Derechos Humanos”.

“Pedimos a la comunidad internacional que ayude a evitar la incipiente crisis de Derechos Humanos en El Salvador y a las autoridades del país que dejen de cometer abusos y garanticen que se llevan a cabo investigaciones independientes sobre las violaciones de Derechos Humanos que ya se han cometido”, ha concluido.

Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras, también han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones “defienden a los pandilleros”. Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.

“Populismo penal”

Los arrestados pasan por “jueces sin rostro, prohibidos por la constitución”, y no por la justicia ordinaria, explicó el juez Juan Antonio Durán, quien considera que se ha caído en “el populismo penal” donde “no capturan solo a culpables (...) sino a un montón de gente inocente”. Dijo que se realizan juicios “sin el reo y sin testigos” presentes.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a Bukele combatir el crimen protegiendo los derechos civiles.

Verónica Aguirre, de 26 años, llegó hasta el “Penalito”, un lugar en la capital donde son llevados sospechosos. Dice que su esposo fue detenido sin prueba alguna.

“Bajo el régimen [de excepción] no podemos presentar pruebas de que el imputado está siendo juzgado de manera incorrecta. Están pagando justos por pecadores y esto no tiene que ser así, la justicia tiene que ser transparente”, lamentó.

“Tenemos una tendencia fuerte a los castigos generales, que son una barbaridad (...) y son fuente de violaciones de derecho”, lamentó el sacerdote jesuita José María Tojeira, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA).

El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que “la población honrada no tiene nada que temer”.

*Con información de EP y la AFP.