Alejandro Betancourt López, un empresario venezolano de 46 años investigado por lavado de dinero en Suiza y España y señalado en expedientes judiciales en Estados Unidos, es el hombre que dirigirá el mayor acuerdo petrolero que Washington ha firmado con Venezuela.
Trump lo anunció esta semana como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”: un pacto de 25 años para desarrollar 17 campos de crudo que otorga a Estados Unidos el 55 % de la producción, con respaldo del Pentágono y de la empresa de Betancourt, North American Blue Energy Partners (NABEP), descrita por Bloomberg y The Wall Street Journal como la segunda mayor productora privada de petróleo en Venezuela.
La misma administración que durante años investigó a Betancourt lo convierte ahora en el operador central de su estrategia energética en Venezuela. Funcionarios del Departamento de Estado intentaron este año que Suiza redujera la intensidad de sus investigaciones sobre él.
Además, solicitaron al gobierno británico levantar sus restricciones de viaje y le concedieron una visa de entradas múltiples para reunirse con funcionarios de Trump. Ese acercamiento llevó al gobierno a dejar de lado las acusaciones de corrupción que lo rodean, según una persona cercana a la administración citada por The New York Times.
Betancourt construyó su fortuna durante la era de Hugo Chávez. En 2009 cofundó Derwick Associates, una empresa que en apenas 14 meses obtuvo contratos con empresas públicas venezolanas por más de 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas en medio de una crisis energética, sin pasar por procesos competitivos.
Transparencia Venezuela estimó sobreprecios por 2.900 millones de dólares. La empresa también fue señalada por pagar sobornos a funcionarios venezolanos, incluido Diosdado Cabello. La investigación en Venezuela terminó archivada en 2015.
En el mundo empresarial venezolano, Betancourt y sus socios fueron bautizados como los “bolichicos”, jóvenes empresarios que amasaron fortunas gracias a sus vínculos con el chavismo.
En Estados Unidos, fue identificado como “Conspirador 2” en documentos judiciales de la Operación Money Flight, una red que malversó más de 1.200 millones de dólares de PDVSA mediante fraudes cambiarios. Contrató a abogados prominentes que lograron evitar su acusación formal.
En Suiza, la Fiscalía de Zúrich investiga sus cuentas por sospechas de blanqueo desde hace más de una década, sin acusación formal. En España, la Audiencia Nacional reabrió en junio de 2026 una investigación por presuntos sobornos y operaciones financieras vinculadas a PDVSA, luego de que el juez archivara el caso en marzo.
Desde la captura de Maduro el 3 de enero, Betancourt regresó a Venezuela para asesorar al gobierno de Delcy Rodríguez sobre la reactivación del sector petrolero. Su empresa NABEP, que creció a partir de una participación en Petrozamora, en Maracaibo, se convirtió en el vehículo del nuevo acuerdo con Washington. El Departamento de Estado tendrá acceso preferencial para comprar el 20 % de la producción a precio de costo, y el Pentágono respaldará el desarrollo de los 17 campos.
Mientras tanto, la administración Trump, que mantiene su capacidad de aumentar la producción en condiciones adversas, considera al empresario venezolano el socio idóneo. Aun así, Betancourt nunca ha sido acusado formalmente de ningún delito en ninguna jurisdicción.