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 Nayib Bukele ha mostrado que es poco receptivo a las críticas, atacando fuertemente a sus contradictores mientras se abre camino  al poder total en El Salvador.
Nayib Bukele ha mostrado que es poco receptivo a las críticas, atacando fuertemente a sus contradictores mientras se abre camino al poder total en El Salvador. - Foto: getty images

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¿Seguirá Nayib Bukele con su guerra contra las pandillas?

El presidente lanzó una fuerte ofensiva contra las pandillas en el Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este miércoles a la ONG Amnistía Internacional (AI) que las autoridades salvadoreñas pretenden “seguir” con la llamada guerra contra las pandillas, después de que la organización haya vuelto a censurar sus consecuencias.

En su cuenta de la red social Twitter, Bukele ha resaltado que la Policía salvadoreña ha detenido a un total de 27.831 “terroristas” en los 46 días que lleva vigente el estado de excepción en el país centroamericano, impuesto para luchar contra la ola de homicidios.

“Seguimos”, ha trasladado Bukele en un mensaje en el que se hace eco del lanzamiento de la acción urgente de Amnistía Internacional, que ha advertido al mandatario salvadoreño que “el mundo está mirando”.

“Detenciones arbitrarias, malos tratos a presos, muertes bajo custodia y ataques a periodistas”, lamentó AI. En su acción urgente, AI ha pedido garantizar los derechos de los presos y un trato justo y censura, entre otras cosas, que no haya derecho a la defensa jurídica.

Entre otros aspectos, se opone a que se realicen juicios sin presencia de los acusados, algo que viola el Derecho Internacional, y censura la estigmatización y el acoso a los periodistas y defensores de los Derechos Humanos.

El Gobierno salvadoreño reconoció el lunes la muerte de al menos once personas detenidas en el marco del estado de excepción, impuesto a finales de marzo y ampliado recientemente.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ampliación del estado de excepción declarado para combatir a las pandillas después de una petición por parte del presidente, Nayib Bukele, por lo que la medida estará vigente 30 días más.

Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones “defienden a los pandilleros”. Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.

Defensa ante la CICR

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, justificó este jueves ante delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el derecho del Estado a mantener una “guerra” que acumula más de 28.000 pandilleros detenidos en respuesta a una escalada homicida.

Al Estado salvadoreño le asiste el Jus ad Bellum para defender al pueblo de la violencia criminal de las pandillas (...)El Jus ad Bellum es la rama del derecho humanitario que define las legítimas razones que un Estado tiene para hacer la guerra de manera legítima y justa”, escribió Ulloa en Twitter, tras su encuentro con una misión del CICR.

El vicepresidente también explicó a la delegación del CICR, encabezada por David Quesne, la aplicación de “jus in bello” (el derecho en la guerra) bajo el estado de excepción.

“Las seis condiciones para una guerra justa: autoridad legitima, causa justa, intención justa de parte del que inicia la guerra, ultima ratio [último recurso], debe conducir a la paz, y proporcionalidad entre la amenaza y los medios empleados. Todas se reúnen en la guerra contra las pandillas”, aclaró Ulloa.

Según la vicepresidencia, Ulloa, junto a los representantes del CICR, “acordaron la posibilidad de presentar al mundo esta experiencia [contra las pandillas] como un modelo internacional de solución ante conflictos sociales”.

La medida ha sido criticada por grupos de oposición y algunas entidades humanitarias. Para Amnistía Internacional, la medida de Bukele desató una “tormenta perfecta de violaciones a los derechos humanos”, con detenciones arbitrarias incluso de menores de entre 10 y 12 años, de poblaciones pobres.

Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a Bukele combatir el crimen protegiendo los derechos civiles.

El Salvador sufre el asedio de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70.000 miembros. De estos, casi 41.000 están prisión, luego de la ofensiva del gobierno.

*Con información de la AFP y Europa Press.