El gobierno de El Salvador hizo pública este lunes por primera vez la declaración patrimonial del presidente Nayib Bukele desde que asumió el cargo en junio de 2019. Según los datos publicados en el portal del Ministerio de Hacienda, Bukele reporta activos por 4.561.160,23 dólares y pasivos por 94.681,99 dólares, para un patrimonio neto de 4.466.478,24 dólares.
La información quedó disponible en la sección de “Consulta Activos y Pasivos” del portal oficial y se publicó en cumplimiento de la Ley Anticorrupción aprobada por la Asamblea Legislativa en febrero pasado, impulsada por el propio partido gobernante Nuevas Ideas.
La norma prescribe que la información debe contener los saldos de activos fijos y circulantes, pasivos y el detalle de todas las adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles realizadas en el período declarado, y obliga a los funcionarios a presentar esta información junto con su declaración anual de impuesto sobre la renta.
Hasta ahora, las declaraciones patrimoniales de Bukele presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia habían permanecido en reserva, lo que impedía el escrutinio público sobre el patrimonio del mandatario a lo largo de sus dos periodos en el cargo.
Medios locales atribuyeron la divulgación a una exigencia del Fondo Monetario Internacional, organismo con el que el gobierno alcanzó en 2024 un acuerdo de financiamiento por 1.400 millones de dólares. El FMI ha condicionado históricamente sus programas de préstamo a medidas de transparencia fiscal e institucional.
La publicación del patrimonio de Bukele llega en un momento en que el presidente salvadoreño atraviesa un período políticamente complejo a nivel doméstico. En el más reciente ranking de presidentes más populares de América Latina elaborado en mayo según CB Global Data, Bukele aparece en el segundo lugar, por debajo de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
La Ley Anticorrupción que habilita esta publicación también obliga a los funcionarios a declarar el patrimonio de su cónyuge. Las investigaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema sobre el patrimonio de funcionarios han derivado en condenas civiles y penales en casos anteriores, entre ellos los de los expresidentes Elías Antonio Saca, quien se encuentra en prisión por corrupción, y Mauricio Funes, fallecido en 2025 mientras enfrentaba cargos por malversación de fondos públicos.
La habilitación del portal de consulta ciudadana supone, en teoría, un avance en materia de transparencia para un gobierno que ha sido criticado por concentrar el poder en el Ejecutivo y debilitar los contrapesos institucionales. Sin embargo, la medida fue impulsada por el propio partido de Bukele y responde en parte a presiones externas del FMI.