La Universidad de Cornell anunció este martes, 6 de octubre, que someterá a una evaluación exhaustiva el manejo institucional que le dio a la denuncia por la presunta violación grupal de una estudiante, ocurrida en 2024.
La investigación independiente estará a cargo de Sally Yates, exvicefiscal general de Estados Unidos, quien se encargará de determinar si la respuesta administrativa y los procesos disciplinarios de la casa de estudios fueron adecuados.
La decisión del centro educativo surge tras semanas de duras críticas por parte de la comunidad académica, que acusó a la directiva de haber impuesto sanciones excesivamente indulgentes contra los implicados.
La víctima, identificada bajo el seudónimo de Jane Doe, detalló en una demanda civil que fue presionada a consumir ketamina antes de ser agredida por siete integrantes de la fraternidad masculina Chi Phi.
Aunque la institución clausuró la sede de la fraternidad y expulsó a dos estudiantes tras conocer los hechos iniciales, los cuestionamientos persistieron.
Desde el consejo de administración expresaron que resulta indispensable examinar el desempeño propio con rigor, buscando no solo entender la respuesta frente al caso de 2024, sino también establecer estándares para la prevención de la violencia sexual y el apoyo justo e integral a las víctimas.
Reapertura de la vía judicial e indignación estudiantil
A la par de la auditoría interna, la vía penal ha tomado un nuevo rumbo institucional. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó la reapertura de la investigación criminal sobre el caso, designando a la fiscal general del estado, Letitia James, para asumir las pesquisas, luego de que las autoridades locales decidieran en 2024 no presentar cargos al alegar falta de pruebas sobre la ausencia de consentimiento.
Esta reactivación judicial coincide con intensas jornadas de protesta registradas en las instalaciones de la universidad. Miles de estudiantes y profesores se concentraron en las plazas principales portando pancartas para exigir sanciones ejemplares contra los agresores y mayores garantías para las sobrevivientes.
El escenario desatado en Cornell reaviva la discusión sobre los índices de violencia sexual en las instituciones de educación superior de Estados Unidos. De acuerdo con informes de la Asociación de Universidades Americanas, una de cada cuatro estudiantes de pregrado ha sufrido contactos sexuales forzados o sin consentimiento, evidenciando una problemática persistente en las comunidades universitarias.
*Realizado con información de AFP*